El presupuesto general de la Nación para el próximo año, presentado ayer a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asciende a $8,902.7 millones, de los que $3,471.9 millones (casi 39 %) serán destinados para seguir trabajando a favor de la población salvadoreña en las áreas de educación, salud, seguridad pública y obras públicas. Zelaya entregó el proyecto de presupuesto y Ley de Salarios al presidente del Congreso, Ernesto Castro, en un acto al que también asistieron diputados de la comisión de Hacienda.
Por áreas, para el ejercicio fiscal del próximo año se contempla una inversión de $1,501.9 millones en educación, que representan 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para el área de salud pública $1,131, 2 millones, que equivalen al 3.7 % del PIB, mientras que para el rubro de seguridad pública y Defensa la asignación es de $838.8 millones, que servirán para financiar el exitoso Plan Control Territorial. El área de obras públicas tiene un presupuesto asignado de $679 millones, que serán destinados para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y social.
Zelaya también dijo que $183 millones serán destinados para financiar programas de atención a la niñez y adolescencia, en el marco del trabajo que realiza el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele.
Agregó que para el próximo ejercicio fiscal se destinan $1,739 millones para proyectos y programas de inversión, que generarán un mayor crecimiento económico.
También explicó que la brecha fiscal en el proyecto de presupuesto es de $472.4 millones, lo que equivale a $26 millones menos que la presentada para el actual periodo.
Contrario a lo que señala la oposición política, analistas, voceros y medios afines, El Salvador sí cuenta con recursos para cancelar el vencimientos de bonos 2023, por $667 millones, «deuda que nos toca cancelar como Gobierno, pero que fue heredada de la gestión de Francisco Flores (del partido ARENA)», explicó Zelaya.
El funcionario puntualizó que como país «seguimos reduciendo las necesidades de financiamiento externo que tiene el país», y reiteró que las finanzas públicas están equilibradas, que el gobierno honrará sus compromisos financieros y que para el próximo año no hay incrementos autorizados de salarios para funcionarios.
«Queremos cumplir con todos los compromisos de manera responsable. Vamos a continuar con la inversión pública en educación, salud y seguridad pública», expresó el ministro de Hacienda en conferencia de prensa.
Castro, tras recibir el documento, adelantó que este será sometido a una amplia discusión en la comisión de Hacienda con funcionarios públicos, previo a su votación por parte de los legisladores en el Salón Azul.
«Iniciamos el proceso de análisis que será ágil, serio y con detalle para dotar a las instituciones de los fondos para el beneficio del pueblo. En las Asambleas anteriores, para los diputados estos eran los momentos donde se comenzaban a frotar las manos porque acá estaba la clave del negocio, ya que ellos habían hecho del presupuesto un lucro particular», indicó.
El presidente del Parlamento recordó cómo diputados de ARENA y del FMLN hicieron por muchos años reparto de recursos públicos para financiar organizaciones fundadas por ellos mismos, razón por la que fue creada una comisión especial para investigar el destino de dichos fondos.
«En esas organizaciones se repartían el presupuesto que debía ir al salario de maestros, policías, unidades de salud, escuelas, entre otros. Ellos se lo dividían y con eso pagaban sus marchas, pero ahora ya no tienen como financiarlas», manifestó Castro.
Respecto al trabajo que ahora le compete a la Asamblea Legislativa, señaló que «seguiremos dando la gobernabilidad que el presidente Nayib Bukele necesita para continuar desarrollando los programas que benefician a los salvadoreños»; en tal sentido, los titulares de las diferentes carteras de Estado serán llamados a la comisión de Hacienda para que expliquen sus planes de gasto para 2023.
El proyecto de presupuesto y Ley de Salarios será conocido en la sesión plenaria del próximo martes, y enviado a la comisión.
Respecto al presentado para este año, que sumó $7,967.7 millones, el presentado ayer crece en $935 millones. El programa de inversión pública previsto para este año fue de $1,701 millones, $333 millones más respecto a 2021, lo que propició una fuerte inversión del sector privado que impacta positivamente en el crecimiento económico.
El actual presupuesto consolidó apuestas estratégicas del Gobierno Central en las áreas de salud, educación, seguridad y defensa, asignándoles el 11.9 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además, destinó financiamiento por $321 millones para apuntalar la educación y salud de la niñez.