Por más evidente que fuera la corrupción de un funcionario de los gobiernos de ARENA y del FMLN, el sistema judicial, que respondía a ambas agrupaciones, no se activaba. Al contrario, el único movimiento era para garantizar que nadie cayera, para diluir pruebas, para hacer fracasar investigaciones y alargar los trámites para luego alegar que ya había pasado el tiempo y que era contrario al Estado de derecho proceder.
Con las reformas legales que impiden la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, se abre la oportunidad para que el pueblo salvadoreño pueda recuperar parte de lo robado durante décadas de saqueo y, además, castigar a los delincuentes que se aprovecharon de sus posiciones en el Estado para enriquecerse o financiar las campañas de sus partidos políticos.
De ese modo, hemos visto el caso del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez, quien formó parte del gabinete del expresidente de ARENA Antonio Saca. Logró sortear varios procesos judiciales en su contra, pero el caso más evidente y escandaloso —la construcción de una carretera entre Santa Tecla y San Salvador a la que llamó bulevar Diego de Holguín, pero que luego, en el Gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, fue renombrada como Monseñor Romero, que terminó costando millones de dólares más que su precio original— navegó por las aguas de la indiferencia judicial, hasta ahora.
La Fiscalía General de la República acusó este jueves a Gutiérrez de peculado, es decir, robarse fondos públicos, por un monto de $13.7 millones. Ahora que está abierta la posibilidad de juzgar las tropelías cometidas en la construcción de este bulevar, es de esperar que el titular del MOP en el siguiente gobierno, Gerson Martínez, también sea citado a los tribunales, porque en su gestión, en lugar de proceder a la construcción de la obra diseñada, la dividió en dos y aumentó sustancialmente los costos que Gutiérrez previamente había inflado.
El jueves por la noche, la Sala de lo Civil hizo pública la resolución en la que condena a Agustín García Calderón, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por enriquecimiento ilícito y le ordenó la devolución de $230,863.
Jueces que venían de la estructura de impunidad creada por ARENA-FMLN habían considerado previamente que García Calderón tenía suficientes ingresos como para justificar su incremento patrimonial, pero dejaron de lado los hechos, incluyendo su bono de retiro por haber renunciado al Órgano Judicial, una prerrogativa que tienen los empleados administrativos y jueces, pero que él tomó para dejar su cargo con más de $28,200.
La justicia ha despertado y ya toma cartas en el asunto. La lista de saqueadores del Estado es larga, pero con paciencia y apego a la ley se implementará de lleno el Estado de derecho en el país.
