«La Lacap [Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública] es una ley que permitió la corrupción exagerada en el pasado», afirmó ayer la diputada de Nuevas Ideas Aronette Mencía en una entrevista de la radio YSKL al referirse a las críticas —sin fundamento— de la oposición política contra el Ejecutivo al que señaló de obviar la normativa en los proyectos del tren y el Aeropuerto Internacional del Pacífico.
La legisladora cian dijo que los gobiernos anteriores utilizaron la Lacap para beneficiar a financistas y a «compañías amigas», como fue el caso del prófugo Gerson Martínez, extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en los gobiernos del FMLN en manos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
En 2017, el FMLN violó la Lacap al favorecer a la empresa de publicidad Image People, S. A. de C. V., con los proyectos Plaza de la Transparencia, Plaza de la Reconciliación y de la ciclorruta del bulevar Monseñor Romero, todos en San Salvador.
Martínez autorizó a Image People para que usara 23 puentes y 333 postes de iluminación situados en el bulevar Monseñor Romero para instalar y vender publicidad durante 15 años; no obstante, con una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) se conoció que el MOP no cumplió con lo que exige la Lacap y nunca presentó una licitación pública para ese proyecto.
Asimismo, desde 2011 hasta 2020, la Asamblea Legislativa aprobó para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) la adjudicación de $30.2 millones en concepto de elaboración del instrumento de la Prueba de Aptitudes y Aprendizajes para Egresados de Educación Media (PAES), la impresión de papeletas, la tabulación y el ordenamiento de los resultados sin pasar por el proceso de licitación que exige la citada ley.
Según Mencía, son este tipo de casos los que la administración actual trata de evitar; además de los procesos burocráticos que retrasan la ejecución de obras urgentes para dinamizar la economía y el desarrollo del país.
La diputada cian explicó que los proyectos del Pacífico se harán con total responsabilidad y estarán regidos bajo la CCR y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (UNAC) para garantizar el efectivo y transparente uso de los fondos públicos.
«Todo sale a la luz tarde o temprano, el buen y el mal manejo de los fondos; así que nosotros confiamos plenamente en estos proyectos que, además de dinamizar nuestra economía, nos darán una cara diferente y una oportunidad para las zonas donde van a estar», agregó.
Por otra parte, la legisladora desmintió los señalamientos sobre un supuesto «daño medioambiental» en la zona de oriente. «Se ha hecho un estudio en el que se ve y se evalúa el impacto. El proyecto se hará con mucha responsabilidad social medioambiental», sostuvo Mencía.
Indicó que los proyectos del Pacífico ya pasaron a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y al MOP.
«La Asamblea está respaldando los proyectos con la aprobación que se hizo [de leyes especiales para simplificar los trámites, actos administrativos, temas de construcción, mantenimiento del tren y del aeropuerto]. Queremos ser un referente regional», señaló.