La diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa, Dania González, reveló que el 70 % de la población salvadoreña está excluida del sistema financiero, lo que promueve la usura y la vulneración de los derechos de los usuarios.
La legisladora explicó que muchos salvadoreños no pueden acceder a créditos con la banca privada porque tienen un mal historial crediticio no porque estén insolventes con sus deudas con los bancos o las casas comerciales, sino porque los burós de crédito no actualizan periódicamente la información financiera del cliente.
En El Salvador hay tres burós que tienen más de 10 años de operar: Equifax, Infored y TransUnión. Las tres son instituciones privadas y han sido señaladas por los diputados de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa de violar los derechos de los usuarios con cobros indebidos y falta de actualización del historial crediticio.
«El abuso de los burós de créditos han generado exclusión financiera en el país. Muchas personas ya pagaron sus obligaciones, pero aún continúan mal calificadas en estas empresas», critica la presidenta de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión financiera William Soriano coincide en que un agente económico, regulado o no regulado, afecta directamente a un cliente cuando no actualiza la información crediticia.
«¿Qué le dice usted a un salvadoreño que ha sido excluido financieramente porque ustedes y sus agentes económicos no se toman la molestia de actualizar la información como se debe? ¿Qué pasa con esa persona, qué hacen ustedes, qué hace el agente económico?».
Esas son las preguntas que se plantea Soriano. El legislador explica que «el resultado de la mala coordinación entre el agente económico y los burós de crédito es un daño directo al salvadoreño», porque la banca privada niega el otorgamiento de productos financieros a los salvadoreños y los obliga a recurrir a los usureros, que prestan dinero a elevadas tasas de interés.
La comisión financiera de la nueva Asamblea Legislativa evalúa reformar la ley del historial crediticio vigente o eliminar los actuales burós privados para crear una institución pública que se encargue de llevar el récord crediticio de los salvadoreños. «Nadie quiere eliminar el historial, porque comprendemos que es un insumo necesario para disminuir el riesgo de colocación de productos financieros.
Nos enfocamos en la cadena de actualización de la información crediticia», declaró Soriano. Para poner fin a los abusos que cometen los burós crediticios en contra de los salvadoreños, la comisión financiera de la Asamblea Legislativa ha ordenado que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) los audite.
Los resultados de este proceso serán entregados en los próximos días a la comisión financiera para que tome decisiones sobre el futuro de los burós. «Es la primera vez que se están dando grandes pasos para la justicia financiera. Obligaremos a estos agentes económicos a actualizar la información del historial crediticio de los salvadoreños», dijo.