El acuerdo firmado en 1992 por el Gobierno de ARENA de Alfredo Cristiani y la comandancia general del FMLN, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, significó el fin de las hostilidades militares (aunque por meses e incluso años se mantuvieron incidentes y grupos renuentes a entregar sus armas) y el inicio de la simbiosis entre las dos agrupaciones políticas.
Los Acuerdos de Paz no trajeron al país los cambios estructurales por los que las guerrillas habían dicho que se alzaron en armas, porque las injusticias económicas y sociales se mantuvieron intactas, tanto así que el mismo texto del acuerdo lo reconoce. Y tampoco los gobiernos de ARENA hicieron algo por cambiar.
Para ese momento, lo más importante para ambos grupos era garantizar la impunidad de los delitos cometidos durante el conflicto armado, que iban desde el asesinato de comunidades enteras por parte del Ejército y también de la guerrilla, los asesinatos selectivos de intelectuales —como el caso del poeta Roque Dalton, ultimado y desaparecido por sus mismos compañeros de armas del ERP, grupo que luego se incorporó a la dirigencia de la Democracia Cristiana con la anuencia de Rodolfo Párker, el encubridor de la masacre de los padres jesuitas, un crimen de lesa humanidad que recientemente se ha vuelto a abrir—, los atentados contra la población mediante la voladura de puentes y los bombardeos hasta el ametrallamiento en masa de reses y otros animales de granja para dejar sin ingresos ni alimentos a la población civil.
De hecho, lo que quedó plasmado en el documento es la legalización del FMLN como partido político, a pesar de que abiertamente la Constitución de la República prohíbe la existencia de partidos políticos armados, y se declaró una amnistía de todos los crímenes de guerra. Esta última era parte esencial del acuerdo, una forma de obviar todas las afrentas cometidas por ambos bandos en contra de los ciudadanos. Se dijo que sin este «borrón y cuenta nueva» no iba a ser posible construir una sociedad armoniosa.
Pero esto no solo no es cierto, sino que, además, desencadenó la violencia de las pandillas, que multiplicaron los muertos que hubo durante el conflicto armado. Y ahí, nuevamente, ambas organizaciones decidieron pactar con los criminales en lugar de combatirlos, dando lugar a las treguas y a las negociaciones a cambio de votos para las elecciones.
Los hombres y las mujeres que participaron en el conflicto, en uno u otro bando, no fueron tratados con el respeto que merecían.
Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes de la guerrilla han tenido que esperar hasta la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele para empezar a recibir los beneficios prometidos hace 30 años.