La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el partido VAMOS cuestionaron las reformas de la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, que fueron aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo.
Ambas instituciones, opositoras al Gobierno del presidente Nayib Bukele, criticaron las modificaciones a pesar de que tienen el propósito de combatir de forma más efectiva a las estructuras delincuenciales, consideradas en 2015 como agrupaciones terroristas por la Sala de lo Constitucional.
Las autoridades de Seguridad reportan la captura de más de 56,000 delincuentes con la implementación del régimen de excepción, además del decomiso de armas de fuego, drogas y bienes muebles e inmuebles que estaban en su poder.
Sin embargo, para la UCA «el régimen sigue aprobando medidas orientadas a que el Estado pueda ejercer un mayor control sobre la población».
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, consideró que las reformas no eran necesarias porque la Fiscalía ya tenía la facultad de intervenir las telecomunicaciones. «La Fiscalía no es independiente. Su titular fue impuesto; su idoneidad está cuestionada», señaló. El anterior fiscal general, Raúl Melara, destituido el 1.º de mayo pasado, fue asesor de la campaña presidencial de ARENA en 2019.
