En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres en República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
En el quinquenio anterior, El Salvador alcanzó el nada honroso primer lugar en feminicidios en el mundo; el año pasado hubo una drástica reducción en cuanto a asesinatos de mujeres, y en 11 meses de 2020 esa reducción disminuyó 50 % en relación con 2019. No se puede negar que en El Salvador se han reducido los feminicidios, se están asesinando menos mujeres, se presenta la tasa más baja de este siglo, pero la violencia contra la mujer salvadoreña persiste, se mantiene, y, además, en mi opinión, es estructural, con niveles epidémicos y previo a ser república se ha naturalizado y normalizado.
La violencia contra la mujer en El Salvador se considera normal debido a los patrones culturales de violencia machista patriarcal, pero es un delito; muchas adolescentes y mujeres no se dan cuenta de que hay delito, y otras lo desconocen, y trasciende en nuestro país a un concepto superior, que es la violencia feminicida, que atenta contra sus derechos humanos por tener implícitos actos de odio hacia la mujer por su condición de ser mujer, y que tiene implícito un altísimo grado de impunidad de parte del Estado y en la sociedad, y que puede culminar en un femicidio.
Mi reconocimiento es para la PNC por medio de las sedes Unimujer ODAC, que son un modelo a escala mundial para un abordaje integral e inmediato; de hecho, la PNC fue la primera institución del Estado en activarse en El Salvador desde 2011; la FGR ha creado la Dirección Nacional de la Mujer, donde se brinda un abordaje sistémico y multidisciplinario, ha logrado judicializar y sendas condenas contra delitos tipificados en la LEIV dieron un giro ya no solo buscando al feminicida, sino actuando de manera preventiva; y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) desarrolla un intenso trabajo en capacitación, adiestramiento, sensibilización, revisión y propuestas de los cuerpos legales.
A pesar de estos esfuerzos encomiables, es insuficiente; se necesita una activación completa de todo el Estado salvadoreño y enfocarse menos en eventos, desayunos, conferencias; continuar tratando de diagnosticar, cuando ya conocemos las causas y los orígenes; hay que atender a la familia, proteger a las niñas, adolescentes y mujeres, hay que capacitarlas y adiestrarlas para romper con el ciclo de violencia, y atender a los hombres; no tenemos hasta el momento una Institución del Estado que cambie el paradigma y que comprenda que los hombres necesitamos asistencia y tratamiento para modificar y transformar procesos de nuevas masculinidades. Mientras se siga dejando por fuera a los hombres, el monstruo seguirá golpeando, atacando y destruyendo la identidad y la vida de la mujer salvadoreña.