Después de 15 años, el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero y a 10 años más en prisión por cohecho activo, es decir, por ofrecer sobornos. En total, este exlegislador del período 2006-2009 deberá pasar 22 años tras las rejas.
Las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República dejaron establecido que el político entregó dinero a 21 alcaldes en todo el país a cambio de que su empresa recibiera contratos. El dinero recibido se manejaba por medio de empresas fachada, lo que configuró el delito de lavado de dinero, porque eran fondos provenientes de los sobornos que los hacía aparecer como legales.
Silva Pereira estuvo retenido por años en instalaciones migratorias de Estados Unidos y recientemente fue deportado, ahí comenzó su proceso judicial pendiente, que culminó con la condena impuesta por el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Sin duda, pasaron muchos años para que este político que utilizó el sistema decadente para hacer dinero enfrentara cargos por toda la corrupción que fomentó y de la que se lucró. Es una prueba más de que la justicia en El Salvador se ha activado, y supera la etapa en la que los compromisos de algunos jueces impedían que los que tenían nexos con la alianza gobernante de ARENA-FMLN realmente fueran procesados y condenados.
Por muy paradójico que parezca, hay sectores que no están de acuerdo con que la justicia, aunque hayan pasado décadas, llegue hasta los responsables de cometer crímenes. El rector de la UCA, Andreu Oliva, por ejemplo, considera que tanto Alfredo Cristiani como Rodolfo Párker deben enfrentar en libertad el juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El juzgado Tercero de Paz de San Salvador ha ordenado que el expresidente (el primero de los cuatro que tuvo ARENA) y el exdiputado deben ser detenidos mientras dure el proceso, debido al riesgo de fuga, aunque hay informaciones de que ambos habrían dejado el país desde hace meses, para escapar de la justicia.
Es imposible entender cómo un sacerdote no está de acuerdo con que la justicia, que por tantos años ha reclamado la Compañía de Jesús, se aplique en esta masacre. Ninguno de estos dos políticos había sido acusado en más de 30 años, a pesar de que uno estaba enterado de la organización del asesinato múltiple, por su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, y el otro retorció las leyes y cambió los testimonios para encubrir a los que ordenaron el asesinato.
La justicia avanza en esta nueva etapa de la historia salvadoreña. Y llegará hasta los criminales.