Por décadas, los empresarios del transporte colectivo de pasajeros fueron favorecidos por los viejos diputados con la condonación de las esquelas, la entrega de subsidios sin ningún control y la prórroga de la circulación de los buses y microbuses «chatarras», término popularmente aplicado a las unidades que tienen más 20 años de servicio.
La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 19 de octubre de 1995, con la presidencia en manos de Gloria Salguero Gross, por el partido ARENA, y hasta la fecha ha sufrido 31 reformas y dos derogatorias parciales.
Dicha ley contempla la imposición de esquelas de $11.43, $34.29 y $57.14 por infracciones leves, graves y muy graves, respectivamente, contra motoristas del transporte colectivo que infringen la normativa y ponen en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, los anteriores diputados la modificaron reiteradas veces para perdonarles a los empresarios el pago de multas.
En junio del año pasado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, reveló que desde 1996 hasta 2003 los anteriores diputados condonaron $28 millones en esquelas, recursos que dejaron de ingresar a la tesorería del Estado.
Además de esa afectación, en las anteriores legislaturas hubo diputados que también eran empresarios del transporte colectivo, lo cual generó conflicto de intereses porque legislaron a su favor.
«Diario El Salvador» reveló en su edición del 18 de octubre de 2020 que Jaime Orlando Sandoval Leiva, diputado del FMLN en la legislatura 2018-2021, tuvo conflicto de intereses porque votó a favor de al menos 13 iniciativas de ley relacionadas con el transporte público de pasajeros, cuando sus padres eran concesionarios y recibían el subsidio mensual del Estado por cada unidad de su propiedad.
Cinco días después de la primera publicación, «Diario El Salvador» contó que el exdiputado del PCN y exempresario del sector transporte Elizardo González Lovo se reunía en la legislatura anterior con diputados de todos los partidos políticos para buscar apoyo y lograr la aprobación de leyes que beneficiaran a los transportistas.
Aparte de la condonación de los $28 millones en esquelas, se prorrogó la entrega del subsidio mensual a los empresarios del sector sin obligarlos a mejorar la calidad del servicio, dar mantenimiento a las unidades, ni instalar el sistema de videovigilancia y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) en cada bus y microbús.
El pago de ese subsidio tiene su asidero en la ley de estabilización del transporte público, aprobada por los diputados el 23 de noviembre de 2007 para evitar que los empresarios incrementaran el precio del pasaje.
La normativa estableció que el Estado entregaría mensualmente a cada propietario $200 por microbús y $400 por autobús, pero debido a las variaciones internacionales en el precio del barril de petróleo y sus derivados, esos montos fueron modificados y actualmente son cancelados $250 por microbús y $500 por autobús.
El 26 de noviembre de 2020 —a seis meses de que terminara la legislatura 2018-2021—, los anteriores diputados prorrogaron hasta el 1.° de diciembre de 2021 la entrega del subsidio, pero sin establecer ningún requisito para hacerlo efectivo.
En esa ocasión, el grupo parlamentario de ARENA votó dividido porque algunos diputados exigían que los buseros mejoraran el servicio e instalaran el sistema de videovigilancia y GPS, pero la mayoría rechazó la propuesta.
El subsidio se sigue entregando porque, en la última plenaria de 2021, la nueva Asamblea lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022; sin embargo, ordenó la instalación del GPS y del sistema de videovigilancia en cada unidad, además de una revisión técnica y de gases dos veces al año para evitar percances viales por mal estado o fallas mecánicas.
Además de la entrega del subsidio sin control, los viejos diputados prorrogaron en abril del año pasado —a menos de un mes para que terminaran la legislatura— la circulación por un año más de buses y microbuses antiguos.
La decisión fue tomada a pesar de que la ley de transporte terrestre establece en el artículo 34 que las unidades «no deberán exceder de los 20 años de fabricación».
Casi 30 años después, la nueva Asamblea Legislativa —con mayoría del partido Nuevas Ideas— ha iniciado la construcción de una moderna ley.
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