La abogada Tahnya Pastor aseguró a través de sus redes sociales que las Salas de lo Constitucional anteriores contribuyeron a que se cultivara una tradición de inconstitucionalidad en las elecciones de magistrados de segundo grado por parte de las anteriores Asambleas Legislativas. Pastor fue enfática al señalar que los magistrados de años anteriores se sobrepasaron en sus facultades y «nos trataron como ciudadanos de categoría inferior».
«Somos el resultado de nuestras decisiones. No es justo culpar a la gente -Votante-, por ellas, sino a los funcionarios que año con año defraudaron la confianza y función para la cual fueron electos. El diseño de nuestra Constitución ha permitido que poderes fácticos controlen nuestras leyes y nuestros derechos. Sólo unos pocos tienen y han tenido vida digna, y más que eso, de lujos. Muchos, con sus empresas y leyes a su medida, que les favorecían para seguir enriqueciéndose», publicó Pastor desde su cuenta de Twitter.
En su publicación, Pastor enlistó una serie de irregularidades en las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a lo largo de los años, resaltando las injusticias cometidas con la población salvadoreña y la forma en cómo operaron cultivando la impunidad y la justicia selectiva en el país.
Pastor hizo referencia a las decisiones de la Sala en cuanto al tema del Voto en el Exterior, la Ley de Reconciliación aprobada por la Asamblea o los bloqueos a las candidaturas de diputados independientes para las pasadas elecciones del 28 de febrero de este año. Además, señaló también la inacción de la Sala ante las elecciones irregulares de funcionarios de segundo grado que por años realizó la Asamblea Legislativa.
«Comenzaron a modificar escenarios electorales, penales, tributarios, laborales y hasta de Constitución. ¡En el nombre de la Jurisprudencia! Puedo dar muchos ejemplos. Sentaron las bases para escoger Magistrados fuera de la lista. Avalaron indefinidamente la desobediencia de los Diputados en relación a sus Sentencias de Inconstitucionalidad, incluso con mandato directo que ni era necesario por los efectos, pero así pasó. A diario nos trataron estas Salas, como ciudadanos de categoría inferior, vulnerando con ello el art. 3 Constitución: ante la Ley todos somos iguales», agregó la abogada.
Pastor aseguró también que «destituir es facultad constitucional de la Asamblea», en referencia a la destitución aprobada por la nueva Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. «Si la Constitución los hubiera querido inamovibles, los incluye dotándolos de la estabilidad que habla el mismo artículo 186 Constitución. La Asamblea los pone y quita. NO ES como dice esta Sala saliente, que aún y siguiendo el procedimiento adecuado, no los pueden remover», dijo Pastor.
De igual forma, la abogada aseguró que la Sala siempre manifestó un comportamiento diferente con el Órgano Ejecutivo y trató con suavidad al Legislativo. «Sólo controlaban al ejecutivo, y eso está bien. Pero no lo hicieron igual con el Legislativo. A ellos les recomendaban y reiteraban, en algunos casos hasta 3 veces, pero nunca los certificaron a la Fiscalía», comentó.
La abogada también señaló que la nueva Asamblea Legislativa pudo haber empleado un mecanismo diferente para proceder con la destitución de los magistrados. «La forma correcta, en mi opinión, para destituirlos, ante la ausencia de ley con causas específicas, era un comisión especial con dictamen de recomendable a la destitución y aprobado en el pleno con mínimo de 56 Votos», añadió, pero reiterando que el Legislativo tiene la facultad para tomar esa decisión.
«La forma NO fue la correcta, definitivamente. Se hizo Justicia. La división de poderes es de ida y vuelta. Ahí están las Instituciones y mecanismos que por años los ciudadanos comunes usamos infructuosamente. Suerte, talvez el sistema que nos heredaron les respeta sus derechos», finalizó Pastor.
