Nos encontramos en El Salvador en la cuarta generación de las pandillas, su vida plena política. No hay programa de radio, televisión, redes sociales, periódicos impresos o digitales o medio de comunicación que no hable de las pandillas. Los partidos políticos, exdirigentes de partidos políticos, excandidatos a puestos de elección popular y sus equipos de asesores las convirtieron mediáticamente para la juventud en los nuevos referentes e íconos de éxito y poder, al enseñarles la política; que tenían algo que ellos querían: su voto en las urnas para alcanzar el poder.
Hablar de las pandillas en 2022 es sinónimo de: homicidios, extorsión, desaparecidos, masacres, asesinatos con lujo de barbarie, influencia y control de territorios, desplazamientos forzados internos, migración especial de jóvenes amenazados de muerte, narcomenudeo, trata de personas, lavado de dinero, terror, violaciones, negocios fachada, entre otras actividades criminales. Se han convertido desde hace años en grupos armados no estatales, verdaderas sociedades criminales corporativas con operaciones, membresía y presencia transnacional.
Fue precisamente el control del territorio y su expansión lo que les ha favorecido para sus mutaciones, y convertirse en una modalidad de insurgencia criminal representando una grave amenaza al Estado salvadoreño al generar inestabilidad. Entre las evidencias me permito exponer algunas:
- El Estado salvadoreño no controla todo el territorio, y esto es previo al surgimiento de las pandillas. Abandonó o nunca llegaron los servicios del Estado a la población.
- Se ha dañado la legitimidad.
- Se atenta contra la soberanía nacional y la integridad de su territorio.
La insurgencia criminal no pretende derrocar gobiernos, sino establecer una lucha altamente violenta contra el Estado para obtener autonomía y beneficiarse económicamente de sus actividades criminales en total impunidad, librándose de todo tipo de control, constituyendo un miniestado paralelo con sistema de gobierno, control, economía, y recaudación que, de no cumplirse, se paga con la muerte, y en donde las reglas para los habitantes de esos territorios son sencillas y claras: obedecer, ver, oír y callar.
Haberles otorgado centros penales exclusivos (2004) les facilitó su mutación y organización, pero siguen atentando contra el monopolio del uso de la fuerza para dar un tratamiento adecuado en cuanto al enfoque de control y represión del delito. Para mentes criminales y redes del mal se requiere alta planificación estratégica, para que el Estado y sus instituciones sean flexibles y se adapten; de lo contrario, los criminales siempre se adaptarán y sobrepondrán porque trabajan más rápido que el Estado salvadoreño.
Si en El Salvador han sido declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional, se debe ser congruente con dicha resolución, con las estrategias, planes, medidas, políticas, para combatir el terrorismo no como pandillas juveniles o personas rebeldes. Su combate entonces implica adoptar un enfoque diferente y estratégico, ya que ha sobrepasado un problema de seguridad pública, controlan gran parte del territorio nacional y dañan la legitimidad; por consiguiente, la soberanía nacional y la integridad del territorio. Este abordaje tiene respaldo en la Constitución de la República en el capítulo 8, artículos 212 y 213, y en el artículo 168, numerales 2.º, 3.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º y 13.º, basado en tácticas propias de un conflicto de baja intensidad que descarta el empleo de herramientas convencionales, pero que se deben considerar evaluar y asumir en beneficio de la sociedad salvadoreña, que tiene derechos y garantías, así como de su soberanía, en los artículos 1.º y 2.º de la Constitución.
Las pandillas son organizaciones criminales transnacionales y sus objetivos son los siguientes: controlar territorios, sembrar terror, obtener altas ganancias con las que dañan la economía, lavar dinero. Son riesgos y amenazas a la seguridad nacional que se pueden determinar por medio de la identificación de actores que tenga la intención y poder suficiente para obstaculizar el logro de los objetivos nacionales. Las estrategias para superar los riesgos y amenazas serán aquellas que resulten más adecuados en cuanto al uso del poder nacional que disponga el Estado.
La denominada ranfla la creó el Estado salvadoreño al otorgarle penales exclusivos a las dos pandillas mayoritarias, tomando decisiones por las ocurrencias y no por las evidencias. Desde septiembre de 2004 manifesté e insistí en que era un incumplimiento de la ley penitenciaria del entonces presidente de la república y su Gabinete de Seguridad. Durante 15 años expuse en todos los medios de comunicación que ningún pandillero se mataría al cumplir la ley y que tenían que estar mezclados en los centros penitenciarios. Y así ha sido, ni siquiera un herido por estar en las mismas celdas.
Las amenazas a la seguridad pública pasaron a ser amenazas de seguridad nacional, que atentan contra la soberanía y la integridad del territorio y forman miniestados paralelos, que atentan contra los derechos a la vida y el patrimonio. El crimen organizado no reconoce leyes, Estados ni fronteras, necesita y quiere dinero e incrementar sus ganancias, que ya son altas.
Para desmontar y golpear a las pandillas en este enfoque de amenaza a la seguridad nacional, sugiero que se aborden: sus fuentes de reclutamiento, armamento, logística, finanzas, además de la creación, en la Asamblea Legislativa, de una ley de retiro o abandono de estas estructuras. Es imposible capturar a 45,000 integrantes activos que están en las calles y comunidades, y toda su base social. También dos instalaciones penitenciarias nuevas y modernas para el régimen de máxima seguridad.
Las pandillas, como amenaza a la seguridad nacional, han limitado el desarrollo nacional, han dispuesto y se les ha permitido el poder o capacidad para retrasar el cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes y actuales.
El combate a la pobreza y a la pobreza extrema son amenazas a la seguridad nacional, son delitos contra la humanidad; por lo tanto, la educación desde la primera infancia y el trabajo digno, deben de ser ejes prioritarios del Estado salvadoreño. La erradicación de las pandillas como organizaciones criminales se debe trabajar desde ya para la nueva generación. Las pandillas en el interior de los centros penales y en el exterior ahora cosechan lo que han sembrado.