El ecosistema cripto se expande con pasos firmes en Latinoamérica. Tras la aprobación de la Ley Bitcóin en El Salvador, en septiembre de 2021, los esfuerzos de «hiperbitcoinización», un concepto que se refiere a convertir a bitcóin (BTC) en el sistema de valor predeterminado del mundo y el cual ha sido acuñado por empresarios como Samson Mow, han comenzado a dar frutos.
En este escenario, el jueves pasado, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que da cabida a bitcóin y otras criptodivisas como medio de pago. De acuerdo al documento, tanto individuos como comerciantes podrán pactar el uso de criptoactivos sin limitación como medio de pago.
La nueva legislación, que aún debe ser promulgada por el presidente Laurentino Cortizo para entrar en vigencia, reglamenta el «uso de criptoactivos como expresión de la libertad contractual y de la libertad monetaria en la República de Panamá», cuya economía está dolarizada, al igual que la de El Salvador.
También permite a los órganos oficiales de ese país «recibir pagos (…) por concepto de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias en criptoactivos».
«La ley busca darle claridad jurídica al uso opcional de los criptoactivos en la República de Panamá, y crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local de empresas que trabajen en el sector de criptoactivos», explicó el diputado Gabriel Silva, impulsor de la norma.
Por otro lado, Brasil, otra de las grandes economías latinoamericanas, está a un paso de tener su propio reglamento para regular bitcóin y otras criptomonedas. Por el momento, solo el pleno del Senado de la nación suramericana ha aprobado una iniciativa. Tras cumplirse ese paso, la normativa tendrá que ser avalada por la mayoría de los 513 parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados, donde se someterá a una votación antes de pasar a sanción del mandatario Jair Bolsonaro.
La propuesta brasileña determina que, para operar en territorio brasileño, los exchanges (mercados de intercambios) de criptomonedas deben estar inscritos en el Sistema de Control de Actividades Financieras, así como en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), de la Secretaría Especial de ingresos federales del país.
El documento autorizado por el Senado incluye el fraude con criptomonedas en el Código Penal e impone pena de 2 a 6 años de prisión para quien incurra en delitos con criptodivisas.
Asimismo, en el área insular del continente, Cuba autorizó, desde el 26 de abril de 2022, los servicios y plataformas de BTC y otros criptoactivos, a través de una legislación que regula la entrega de licencias a compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio como negocio.
«Para realizar actividades como proveedores de servicios de activos virtuales las personas naturales o jurídicas solicitan licencia al Banco Central de Cuba. El Banco Central de Cuba al considerar la solicitud de licencia, evalúa la legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa», se especifica en los estatutos admitidos.
Además, en México, la senadora Indira Kempis ha iniciado la promoción de las criptomonedas en el país y ha dejado abierta en el Senado mexicano la discusión de por qué es necesaria una ley cripto en el país norteamericano. Por ahora, la instalación de un cajero automático de bitcóin dentro del recinto legislativo es la manera de hacer visible que el dinero digital está en la agenda.
En una entrevista con «Diario El Salvador», Kempis mencionó que su objetivo es que pueda aprobarse bitcóin como moneda legal en México, en forma similar a cómo se hizo en El Salvador el año pasado.
Por último, en Uruguay, el Banco Central ratificó en el Parlamento que a lo largo del 2022 presentará al Poder Ejecutivo un proyecto para regular una parte del ecosistema cripto. El objetivo pasará por establecer atribuciones sobre actores vinculados al sector financiero que trabajan con dichos activos. Aunque no se plantea una legislación estricta para su uso como método de pago o intercambio, sí lo hace como activo de inversión.
