La vida de José Joaquín Guerrero Bruno ha estado marcada por una serie de eventos a los que él mismo no les encuentra explicación que van desde contraer una deuda con el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) hasta la realización de una cirugía de próstata en el hospital Zacamil, en Mejicanos.
Durante una entrevista con Diario El Salvador, este contador de profesión relató que en ninguno de los casos mencionados ha tenido participación, por lo que no se explica cómo por medio de sus datos personales ocurrieron estos hechos.
Guerrero Bruno, de 72 años, hace un esfuerzo mental por esclarecer estos acontecimientos en los que aparece involucrado. Finalmente, concluye que se trata de una usurpación o robo de su identidad, esto lo tiene muy preocupado porque desconoce quién o quiénes estarían detrás de estos hechos que lo vinculan.
Uno de los mayores sustos lo llevó en 2017, cuando los hospitales eran administrados por el gobierno del FMLN, este ciudadano acudió al hospital Zacamil por problemas en una de las rodillas, pero para su sorpresa al momento que personal de salud revisaba su expediente le preguntaron cómo seguía de su operación de próstata. El hombre se quedó sorprendido por el comentario.
«Me dijeron que había sido operado de la próstata, pero jamás he sido operado ni siquiera de un dedo», expresó Guerrero Bruno a este medio, al tiempo que cuestionó quién hizo uso del servicio de salud pública usando sus datos personales.
«Toda la información que aparece de este señor [el usurpador] que se presume que soy yo, toda la documentación es mía, puede haber homónimos tal vez uno, tres o cientos, pero nadie tiene por qué tener mis números de NIT, DUI, ni de la vieja Cédula de Identidad», reclama.
En aras por buscar una explicación y aclarar el tema este ciudadano solicitó por escrito audiencia con la entonces ministra de Salud, Violeta Menjívar; sin embargo, pese a la insistencia nunca lo atendieron.
En la carta enviada a la titular de Salud, el ciudadano planteó: «he utilizado el programa de salud donde para mi sorpresa me informaron que fui operado de la próstata, nada más falso y presumo que utilizaron mi expediente para sustraer materiales y medicamentos para realizar una operación privada».
Una deuda con el INPEP
Pero los problemas para este ciudadano en relación a la usurpación de su identidad no eran nuevos, pues en agosto de 2008 recibió una carta de cobro por un monto de $916.98 emitida por el Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) en la que le informan que la sección de préstamos requería de su presencia para solventar esta deuda.
«En caso de omitir este llamado, le comunicamos que este instituto se reserva el derecho de hacer uso de los mecanismos legales que existen para su cobro», fue la advertencia que la institución le hizo.
Ante estos señalamientos, Guerrero Bruno expresó «…decían que yo debía como $1,000 por un préstamo que no había pagado y que mi papá era mi fiador, pero yo jamás he prestado al INPEP, ni siquiera pude ver quién había firmado [los documentos del préstamo] ni fotografías de la persona que recibió el dinero, no me dieron la oportunidad de ver nada. Mandaron otra nota de cobro para mi papá cuando en realidad él ya tiene siete años de muerto».
Aparece como empleado activo… en la Asamblea
Con la intención de esclarecer estos enredos, en 2017 este ciudadano fue a solicitar información al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde nuevamente se sorprendió debido a que aparecía como trabajador activo desde 2001 para una empresa llamada Liaño S.A. de C.V. cuando en realidad, según dijo, nunca trabajó para ella.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) esta empresa se dedica al rubro de la telefonía, este medio trató de contactar vía teléfono a los encargados para saber si Guerrero Bruno trabajó para ellos, pero no fue posible establecer comunicación.
En ese panorama, este salvadoreño buscó ayuda entre algunos amigos abogados para que lo orientarán sobre qué hacer, pero ninguno le dio respuesta, solo se limitaron a decirle que se trataba de un robo de identidad. Fue por esa razón que acudió en 2019 a la Fiscalía General de la República en busca de ayuda, pero lamentó que le dijeran que no le podían ayudar.
La última fuente de apoyo que se le ocurrió, recientemente, a este ciudadano fue acudir al despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, para que lo asesoren sobre qué hacer.
Otra sorpresa que Guerrero Bruno vivió en 2017 fue cundo uno de sus amigos le preguntó que cómo le estaba yendo en la Asamblea Legislativa; Guerrero Bruno se quedó sorprendido y de inmediato le preguntó, el por qué de la pregunta, y la respuesta que tuvo fue: «me dijo que había visto mi nombre como plaza fantasma; yo jamás he sido empleado de la Asamblea, nunca lo he sido».
Finalmente concluyó con que «jamás he recibido un solo centavo de la Asamblea Legislativa nunca, y no me extrañaría que el día de mañana aparezca [su nombre] como plaza fantasma».