En una batalla contra la COVID-19 y para proteger la atención equitativa de los inmigrantes en Estados Unidos, el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Raúl Ruiz, de California, dijo durante una entrevista televisiva en la MSNBC que la distribución de la vacuna debería llevarse a cabo con base en los habitantes que se encuentran en alto riesgo, ya que dentro de ellos se encuentran los inmigrantes.
Esta es una medida urgente para detener la propagación del virus de persona a persona, explicó Ruiz, quien agregó que la enfermedad no distingue el estatus migratorio. «Es importante que entendamos que el virus necesita un portador para replicarse», sostuvo.
Ruiz aconsejó que un sistema de vacunación impediría la posibilidad de transmisión a otras personas.
Aunque la vacunación es esencial para los inmigrantes indocumentados, recurrir a un centro hospitalario representa un doble riesgo, ya que temen ser detenidos por las autoridades de inmigración.
Esto ocurrió con la familia salvadoreña Domínguez en el estado de Maryland. Tanto el padre como el hijo sospechan que fueron contagiados por la COVID-19 en diciembre del año pasado, pero nunca asistieron al hospital por temor a ser deportados.
Durante 15 días permanecieron refugiados en sus viviendas tomando té y otros medicamentos para aliviar la fiebre y la debilidad.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el 11 de marzo a los estados que a partir del 1.º de mayo las vacunas estén disponibles para todos los adultos mayores de 18 años en Estados Unidos.
La administración ha reiterado que las autoridades de inmigración no pueden detener a inmigrantes indocumentados si llegan a vacunarse.
En cuanto a esta postura, Ruiz consideró que la nueva administración tiene formas de asegurarse de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, siglas en inglés) no se acerquen a las escuelas, iglesias o clínicas donde se está aplicando la dosis.
El 2 de febrero, el DHS compartió un documento en el que ratificó que «apoyan plenamente el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 y a sitios de distribución de vacunas para inmigrantes indocumentados».
«Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en Estados Unidos tengan acceso a la vacuna. DHS exhorta a todas las personas, independientemente de su estatus de inmigración, a recibir la vacuna contra la COVID-19 una vez que sean elegibles según las guías de distribución local», se lee en otra parte del documento. El CHC ha abogado también por el acceso de la vacuna de los trabajadores agrícolas «para ayudar a eliminar las desigualdades en la salud de los latinos exacerbadas por la pandemia», explicó en un documento en un intento de incidir en las decisiones de los gobernadores de estado.
«ICE no realiza ni llevará a cabo operaciones de cumplimiento en o cerca de instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencias, excepto en casos de máximas circunstancias extraordinarias», explicó.
El texto, compartido el 8 de febrero, indica que la pandemia ha «sacado a luz las desigualdades de larga data en el cuidado de la salud que continúan impactando desproporcionadamente a los latinos y a otras comunidades de color». El jueves pasado, la Cámara de Representantes también aprobó un proyecto de ley para legalizar el estatus de los trabajadores agrícolas que han servido en primera línea para la pandemia por la COVID-19 y han mantenido la cadena de suministros alimenticios.