Recientemente, le di iniciativa de ley a una propuesta que tiene como objeto establecer las acciones para el control integral de una de las peores enfermedades que sufre el ser humano, de manera que se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer en El Salvador. Esta propuesta también incluye mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de garantizar de manera efectiva el derecho a la salud —por parte del Estado y de los actores que intervienen en el sistema Nacional de Salud— mediante la prestación de todos los servicios que se requieran para su prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidados paliativos.
La ley especial de atención integral para los pacientes oncológicos ha generado una serie de posiciones enmarcadas en su gran mayoría a atacar propuestas de atención integral. Me llama la atención de manera especial el diálogo, al mejor estilo de las marionetas de ventrílocuo que repiten y repiten lo que les escriben sus financistas.
El abordaje del cáncer no se puede ver como un problema de salud; su abordaje es humano, social y, por supuesto, fiscal. Pero en 30 años de gobiernos poco o nada se ha abordado este tema, porque los funcionarios de turno han gozado de seguros médicos privados pagados con los impuestos de los salvadoreños. A diferencia de aquellos que tienen que acudir a un hospital nacional o a una noble institución como el Instituto del Cáncer de El Salvador, que vive de donaciones altruistas y de la casi inexistente aportación de los presupuestos generales del Estado, que significan cada año humillación frente a los gallardos «padres de la patria».
¿Por qué debemos legislar por los pacientes oncológicos? El Estado salvadoreño tiene la obligación de proteger, conservar y defender el derecho a la vida. Ya no es posible que las personas que mueren por cáncer sean un simple número estadístico que los llamados especialistas mencionan tan fríamente. Decir que mueren entre 450 y 500 personas cada mes por falta de equipo de radioterapia y medicamentos es el reflejo de lo inhumano que es el sistema. Me gustaría saber qué opina cualquiera de las 6,000 familias que perdieron el año pasado a un ser querido. Estoy segura de que la gran mayoría son personas con vulneración económica, que no tienen acceso a un médico privado ni mucho menos a la seguridad social.
Desde esta ley, busco la creación de políticas públicas articuladas que pongan a la persona humana en el centro de la actividad del Estado, que dignifiquen su calidad de persona, que se reconozcan y se protejan con derechos tan básicos como a no ser discriminadas por su condición.
Finalmente, me quiero referir al tema del financiamiento, que es un requisito en toda legislación. Así lo estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La creación de una contribución especial busca dos grandes aspectos: la primera, que cambien las prácticas alimenticias y nutricionales entre los salvadoreños; que se cuente con recursos de aquellas actividades que ponen en peligro la vida y la salud como la ingesta de microplástico; y la segunda, contar con recursos destinados exclusivamente para la atención integral de los pacientes, la promoción de la educación y desarrollos científicos y tecnológicos, así como garantizar recursos para las ONG que trabajan en la lucha contra el cáncer.
Un presidente muy bien evaluado
Los salvadoreños validaron en las urnas al presidente Nayib Bukele para un segundo mandato, precisamente porque ha demostrado que es...