La legislatura 2018-2021 concluye sus tres años de trabajo en 11 días, pero no logró ponerse de acuerdo para aprobar reformas a la Constitución que fueron presentadas por los partidos políticos u organizaciones sociales con la iniciativa de ley de los diputados.
Recientemente, el presidente de la comisión de legislación y puntos constitucionales, Mario Tenorio, explicó que después de los comicios del 28 de febrero ya no podían discutir y aprobar las reformas porque así lo mandata la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional; por lo tanto, serán los diputados que tomen posesión el 1.º de mayo quienes decidirán si avalan o no las modificaciones.
Una de las propuestas consiste en reformar el artículo 240 de la Constitución para evitar la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito. Actualmente, este ilícito ya no es perseguido penalmente luego de 10 años de haber sido cometido por un funcionario.
También queda en el tintero la iniciativa de reformas de los artículos 196 y 198 para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) con mayoría calificada, 56 votos, y no con mayoría simple, es decir, 43 votos. Esta propuesta también fue presentada y discutida en la legislatura 2015-2018, pero tampoco fue aprobada.
Como parte de la elección de funcionarios de segundo grado, también quedó el expediente de reforma de los artículos 191 y 193 para que los titulares del ministerio público, es decir, el fiscal general, el procurador para los Derechos Humanos y el procurador general sean electos para cinco años y no tres, como está legislado actualmente.
Los diputados salientes Emilio Corea, Lucy de León, Bonner Jiménez y Raúl Beltrhán Bonilla presentaron la iniciativa a mediados de esta legislatura. Los diputados salientes tampoco lograron consenso para mejorar la calidad de la educación y darle no menos del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto anual del Ministerio de Educación.
La propuesta fue presentada por Ricardo Velásquez Parker, diputado saliente del partido ARENA. Los diputados tampoco lograron reformar el artículo 72 de la Constitución para garantizar la paridad de la participación de las mujeres en los cargos de elección popular. La propuesta planteaba que la participación de las mujeres en la vida política incrementara del 30 % al 50 %
Actualmente, la Ley de Partidos Políticos (LPP) solo permite que el 30 % de una planilla que compite por un cargo de elección popular esté integrada por mujeres y el resto, el 70 %, deben ser hombres.
La iniciativa fue acompañada por la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, Elizabeth Gómez y Damián Alegría. Ninguno de los tres tuvo el beneplácito de los salvadoreños en las urnas, por lo que no fueron reelectos para la legislatura 2021-2024.
Eeileen Romero, diputada del PCN y no reelecta para la nueva legislatura, quería que la Asamblea Legislativa modificara el artículo 72 de la Constitución para reconocer la Lengua de Señas Salvadoreñas (Lessa) como la lengua oficial de las personas sordas.
Los partidos GANA, PCN y el diputado no partidario Leonardo Bonilla dijeron en agosto del año pasado que estaban dispuestos a emitir dictamen favorable; sin embargo, no tuvieron el acompañamiento de ARENA ni del FMLN.
Siempre en materia de derechos humanos, la comisión de legislación no aprobó la propuesta de modificación de los artículos 105 y 116 de la Constitución para que el Estado fomente y financie la agricultura familiar. Tampoco modificó el artículo 69 para reconocer la alimentación como un derecho humano.
Asimismo, no hubo dictamen favorable para reformar los artículos 25 y 26 de la Constitución para declarar de «interés social» a la «Iglesia católica y cristiana evangélica de El Salvador».
A inicios de esta legislatura, Guillermo Gallegos, diputado de GANA y entonces presidente de la Asamblea Legislativa, dio iniciativa a una propuesta de reforma del artículo 63 para reconocer la personería jurídica de la iglesia cristiana evangélica. Actualmente, la Constitución solo reconoce la personería jurídica de la Iglesia católica.
EL TRABAJO DEL EQUIPO «AD HOC»
Actualmente, el equipo «ad hoc», liderado por el vicepresidente de la república Félix Ulloa, construye con aportes de la ciudadanía un pliego de reformas a la Constitución, el cual sería presentado posiblemente en septiembre de este año. Entre las recomendaciones está mejorar la elección de los funcionarios de segundo grado.
Hasta mediados de enero pasado, el equipo había recibido 3,173 propuestas de reformas, incluidas las enviadas por salvadoreños radicados en 22 países