El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio, el pasado martes, a tres de cinco implicados por estafar a siete víctimas ofreciéndoles casas a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Los imputados que fueron enviados a juicio son: Omar Alexander Flores Romero, como cómplice necesario; el ingeniero René Armando Alvarado Portán, ambos exempleados del FSV y Manuel Rodríguez Rivera los dos últimos como coautores.
«De los imputados había dos empleados del Fondo Social, uno externo, el señor Omar Flores que había sido subcontratado pero que estaba dentro de las instalaciones del Fondo. Dentro de la investigación se determinó que seis de los siete créditos habían ingresado por medio de Flores al Fondo», explicó la fiscal del caso.
Añadió que se ha logrado establecer que el ingeniero Alvarado Portán era el que hacía las pericias o los valúos de los inmuebles, era un perito externo del FSV.
«En el transcurso de la investigación se logró establecer que esta persona [el ingeniero] maquillaba los valúos de las siete casas para venderle la idea a las víctimas que eran usadas, pero al hacer los valúos, él decía que las casas estaban en buenas condiciones», indicó la fiscal.
Luego de un año las víctimas nunca pudieron hacer uso de las viviendas, al ir a verificar las siete casas ubicadas en Ayutuxtepeque se dieron cuenta que no contaban con ningún permiso de la alcaldía, por lo que denunciaron. «Realmente algunas ni siquiera habían sido construidas», señaló la fuente.
Explicó que el imputado Manuel Rodríguez, la cabeza del grupo, era quien se encargaba de ubicar a las víctimas junto con Alvarado Portán.
«Ellos dos manejaban todo lo relacionado al Fondo, cómo ingresaban las solicitudes, a quien se las daban, que era a Omar Flores y que posteriormente hacían todos los trámites para poder adquirir las viviendas de las víctimas», apuntó.
La fiscal agregó que el total de lo estafado asciende a $257,013.56. «Ese es el monto que hemos llegado a determinar a través de la investigación de todas estas propiedades y que, pues es un dinero que han dejado de percibir las víctimas. Esto les ha afectado en su sustento económico», explicó la fiscal.
Añadió que algunas de las casas estaban a nombre de Manuel Rodríguez y que era él quien recibía el dinero para luego repartirlo entre los demás.
«Se suponía que estaban construyendo cuatro de estas viviendas y tres que ya estaban construidas, pero en condiciones irregulares, y ellos sabían que esas condiciones de esos inmuebles estaban irregulares, y no obstante así vendieron, y las otras estaban recién construidas, pero no con las condiciones que el fondo hace según sus evaluaciones», indicó la fuente.
En el mismo proceso, a Blanca Estela Arévalo de López se le decretó sobreseimiento definitivo y Orlando Abdalá Ferrufino fue declarado como rebelde.
«Respecto al señor Abdalá se intentó avisarle por todos los medios que se presentara a la audiencia, al parecer cambió su número de teléfono o ya no contestó, el juez giró una orden de captura en su contra», manifestó la fiscal.
De ser encontrados culpables los imputados podrían ser condenados entre ocho a 15 años de prisión.