Durante el conflicto armado los movimientos sociales y revolucionarios tenían un objetivo definido: servir de fachada y retaguardia a la guerrilla del FMLN, es decir, su representación en la lucha de calles.
Ese fenómeno mutó y comenzó a llegar el apoyo internacional por medio de personeros que en otro momento les llamaríamos mercenarios, y así arribaron de España, México Venezuela, Cuba, Italia, Noruega y Holanda, entre otros, por vías no oficiales a la naciente insurgencia.
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y hasta 1995, El Salvador experimentó un espejismo económico, pues la ayuda internacional generó desarrollo a los excombatientes por medio de la entrega de estipendios, aperos, tierras, apoyo técnico, capacitación, dinero en efectivo y casas.
¿Por qué digo espejismo económico? Porque no fue sostenible en el tiempo. Es así como algunas ONG de esa época comenzaron a desaparecer por falta de recursos, pero a su vez la exguerrilla, ahora convertida en partido político, tenía acceso a estos desde la plataforma parlamentaria.
Se comienzan a generar procesos de asignación de recursos vía Asamblea, legitimando dichas acciones por medio de arreglos y de negociaciones, y lo más lamentable es que nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros impuestos sirvieron por años para despilfarrar en «organizaciones» que solo sirvieron para erosionar las arcas del Estado y para sembrar caos por medio de sus ochenteras protestas callejeras.
Por esta y otras malas acciones que rayan en lo delictivo se justifica la instalación de una comisión especial para investigar fondos otorgados a ONG. Ya se tienen los primeros resultados tendientes a buscar recuperar esos dineros públicos.
Entonces, ¿cómo y por qué surge la necesidad de aprobar una ley de agentes externos? De momento es un anteproyecto de decreto que está siendo estudiado a detalle por las instancias competentes. Este tipo de leyes las tienen países desarrollados, entre ellos, EE. UU. y Rusia, y el objetivo principal es ordenar la casa, como se debió haber hecho, y se omitió esa obligación porque se manipularon y se lucraban de estas «ayudas».
No es posible seguir sufriendo los embates de mercenarios de la democracia, entre ellos, José Miguel Vivanco y Norma Torres, quienes dejan al descubierto sus intenciones injerencistas; también personajes oscuros que financian medios de comunicación para intentar desestabilizar a un gobierno legítimamente electo por el pueblo.
Entonces, es urgente que este marco jurídico de tan solo 15 artículos sea aprobado para que se ordene la casa y aquellas ONG cuyo trabajo es en beneficio para el país sigan funcionando como hasta ahora. Pero para los desestabilizadores, que por unos dólares más busquen dañar la imagen de un país que mira hacia el desarrollo, deberían ser canceladas e investigadas.
Esto, señores, no es dictadura, como los hijos espurios de la patria lo repiten una y otra vez y ya nadie les cree, esto es llamar al orden y al respeto al Estado de derecho.
Señores diputados de la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas y GANA, el momento ha llegado para realizar una inminente aprobación de este marco jurídico. La patria lo necesita para detener y aniquilar los intentos de desestabilización de agentes externos, que en su momento manipularon al país con la venia de gobiernos anteriores, pero que en esta nueva realidad que el pueblo decidió en su derecho a la autodeterminación desde febrero de 2019 no tienen cabida. El soberano lo pide y les aseguro que se los agradecerá.