El exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que llevaba cinco años conociendo el caso El Mozote dice que rechazó continuar al frente del tribunal porque era «humillarse» ante las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, a pesar que en el proceso estaba bastante avanzado y solo esperan escuchar los testimonios de tres peritos extranjeros y analizar una documentación que prometió la embajada de Estados Unidos, sin embargo, hasta la fecha no habia sido entregada ante el referido tribunal.
Guzmán expresó que lo siente por las víctimas de la masacre perpetrada el 11 de diciembre de 1981, pero advierte que a él, no le pueden reclamar.
A criterio del exfuncionario que fue separado por el decreto 144, el sistema judicial necesita una depuración real de todos los elementos que dan mala imagen a ese órgano de Estado, pero que no puede estar basado en la edad o con años de servicio, porque según su criterio, una persona de 60 a 70 años es cuando mejores frutos puede dar debido a que tiene amplio conocimiento y experiencia en el manejo de los casos.
Sobre los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal que anularon el proceso contra el exdiputado de ARENA, Norman Quijano, refiere que no puede brindar ninguna opinión.
Ayer por la tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez citó a Guzmán para abordar el tema de su continuidad o no en el juzgado, pero el exjuez decidió no asistir a la reunión.
¿Cuántos años lleva de cerca del caso de la masacre de El Mozote?
Yo llegué en el año 2003 y me encontré con el caso, me pidieron la apertura del caso en 2006 pero no concedí la apertura porque todavía estaba vigente la Ley de Amnistía y luego vino la sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] que condenó al Estado y ordenó investigar el caso, aun así yo no lo abrí porque no había un instrumento jurídico interno que me respaldara, pero luego en eso vino la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 2016 ya con eso encontré un apoyo para abrir el caso. Prácticamente desde su tramitación he estado a cargo desde el mes de septiembre de 2016 hasta la semana pasada. Cinco años y meses fueron los que estuve conociendo el caso.
¿No cree que entre más se ha postergado el caso El Mozote se ha dado paso a que oenegés se lucren del mismo y en detrimento de las víctimas?
No creo que haya alguna oenegé que se haya lucrado. El trabajo que he tenido con Cristosal y otras ha sido de apoyo y acompañamiento en el caso. No me consta que se hayan lucrado y no le puedo opinar sobre eso.
– Algunas personas cuestionan el trabajo del exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, de que se ha lucrado del caso.
Son cuestiones que a mí no me constan, en el caso del exprocurador Morales, una prueba que le puedo dar, que si estuvo pendiente del caso, es que a mi en una ocasión recomendó que se me investigara porque yo no abría el caso, pero la situación es que todavía estaba vigente la Ley de Amnistía [lo que impedía investigar hechos cometidos en la guerra].
¿Cuántos testigos han desfilado en el caso, entre víctimas y posibles victimarios?
En la primera etapa de octubre 1990 a octubre de 1993 que se cerró por la Ley de Amnistía habían des-filado 11 testigos. Cuando se volvió a abrir en 2016 se les volvió a llamar a declarar y a todo ello sumado declararon por todos 43 testigos.
¿Cuánto de avance llevaba el caso hasta la semana pasada?
El caso iba sumamente avanzado y ya no hay mucho que hacer en cuanto a investigación. Estamos a la espera que declaren tres peritos extranjeros que no han podido declarar por las mismas acciones dilatorias que ejerce la defensa. El caso está en apelación en cámara y no ha resuelto, ya tiene casi tres meses de estar en esa situación y no se ha movilizado por los diferentes recursos interpuestos por la defensa.
Solo falta esa declaración y no se si las partes técnicas en ese espacio van a solicitar otras diligencias. De la embajada de los Estados Unidos anunciaron que enviarán información, pero hasta el último día que estuve ahí esa documentación no se había mandado por la embajada. No sé si en esta semana el nuevo juez va a recibir esa documentación y se me dijo que es voluminosa, significa que esa documentación hay que agregarla y analizarla como toda la incorporada.
A cinco años de conocer este proceso, ¿qué impide pasar a la siguiente etapa del juico cuando ya se examinó bastante documentación, se escuchó a los testigos?
En un caso complejo como este, hay que procurar que la investigación esté completa. Siempre que hay diligencias pendientes que se practiquen hay que llevarlas a cabo para poder valorar lo que hay y ver si es procedente pasar a la etapa de juicio. [El ex juez advierte que esperan declaraciones de peritos extranjeros con lo cual se valorará si se avanza a la fase de juicio].
Se tiene un buen avance pero usted ya no continua en el cargo, aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López Jerez dijo que usted no iba a ser separado. ¿Por qué decidió no someterse al régimen de disponibilidad o acatar la excepción en su caso?
Es cuestión de principios y cuestión de respeto a la Constitución y a las leyes. Ese decreto violenta los derechos del adulto mayor, porque se les debe proteger de la violencia y la discriminación. Es violencia de un día para otro que los jueces nos encontremos con un decreto que nos cese de nuestro trabajo sin un proyecto de vida. Yo no sé que voy a hacer de aquí para allá.
Usted dice que se ha violentado la estabilidad laboral, pero había jueces que ya estaban pensionados, ¿la ley es diferente para ustedes?
Si hay muchos casos de jueces ya pensionados. El juez puede retirarse en el tiempo que considere necesario, no hay límite. En toda institución una persona de 60 a 70 años es cuando mejores frutos puede dar porque tiene amplio conocimiento, amplia experiencia y ha alcanzado una madurez y estabilidad para analizar bien los casos.
En cuanto a lo otro, que pueden estar trabajando y gozando de pensión, entonces porqué no reforman la ley si la misma lo permite. Esta ley de AFP lo permite, qué culpa puede tener este juez que quiera seguir trabajando y se pensione a los 60 años.
¿Con su decisión de no seguir en el cargo no se afecta a las víctimas y se bota el trabajo avanzado?
Quiero decirle que no me siento culpable de eso, las responsabilidades la tienen los diputados y la CSJ. El señor presidente me convocó a una reunión y lo que quieren ver es que la Corte está haciendo todo lo posible para que siga y quieren trasladarme la culpa a mí. Yo me voy a esperar a las acciones que se están intentando a nivel nacional.
Hay un gran trabajo que se ha avanzado en El Mozote, lo siento mucho por las víctimas para mi han sido lo más importante, pero a mí no me pueden reclamar.
