La imprudencia al conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas no solo es un peligro para la vida de quienes se arriesgan, sino también para terceros que se pudieran ver, de manera fortuita, involucrados en accidentes. Y, por si eso fuera poco, es una carga financiera muy grande para el Estado, que llega a representar un gasto de hasta el 5 % del producto interno bruto (PIB).
Entre enero y octubre de este año, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) atendió 1,510 accidentes de toda magnitud, con costos desde los $6,000 hasta los $10,000. El gasto se puede multiplicar, ya que si el paciente está en estado crítico y requiere atención en una unidad de cuidados intensivos (uci), el ISSS gasta hasta $45,000 en la atención inicial. A esto hay que sumarle los costos de la terapia de rehabilitación. Si, por desgracia, termina con una discapacidad permanente, entonces el ISSS está obligado a pagar un subsidio económico.
Esta situación es particularmente grave desde lo productivo, porque las personas de entre 21 y 30 años son las más involucradas en siniestros viales, que no califican como accidentes porque no se tratan de situaciones fortuitas, sino que son causados por situaciones evitables, como la distracción o la conducción peligrosa debido al consumo del alcohol u otras sustancias.
En la población económicamente activa (PEA), el rango de edad de entre 21 y 30 años es especialmente importante, ya que las personas inician el ciclo productivo. Sufrir un percance vial, por tanto, tiene repercusiones para el resto de su vida.
Si el aspecto económico no fuera suficiente motivo, los accidentes también tienen un altísimo costo social y familiar. Una persona lesionada en un accidente, ya sea porque lo provocó con su irresponsabilidad o temeridad al conducir o porque un tercero la golpeó, puede sufrir secuelas de por vida que afectan las relaciones con su familia. Si pierde movilidad, esto afecta su estima personal y también merma sus ingresos económicos.
Por eso es importante la medida del Viceministerio de Transporte que en conjunto con la PNC desarrollan operativos antidopaje para sacar de las calles a los conductores que han ingerido bebidas alcohólicas. Este fin de semana, por ejemplo, 15 personas —hombres y mujeres— fueron detenidas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. La Asamblea Legislativa aumentó las penas como un disuasivo, pero son necesarias las acciones preventivas para evitar siniestros viales.
