Hace muchos años que la Asamblea de El Salvador dejó de ser «la casa del pueblo». El desfile de maletines negros, los acuerdos bajo la mesa y la falsa gobernabilidad solo eran la punta de un iceberg que en su interior encierra los fantasmas legislativos convertidos en plazas contra la gente, como lo que se ha hecho público en los últimos días pero que era conocido por una gran parte del pueblo que desde años viene clamando por el desmontaje de este esquema de lactancia de unos pocos.
Esta ha sido la muestra más pura de corrupción, desinterés y abuso de un Órgano de Estado que sistematizó y disfrazó el saqueo del dinero público con asesores, técnicos, especialistas y otros cargos que solo existen en la imaginación de los diputados que están por agonizar en sus curules, ya que sistematizaron las contrataciones de gente sin perfil, que solo llegaba a firmar planilla y que nunca aportó al país, porque era otra forma de pagar favores a los activistas de «pinta y pega» o a los que usan saco y corbata, expertos en retórica, pero que no tienen conocimientos para una función determinada.
Así, lo que hoy la Fiscalía General investiga, los cientos de plazas fantasmas que carcomen la institucionalidad legislativa son los primeros efectos de los históricos resultados del pasado 28 de febrero, el día en que se celebraron las elecciones que cerraron el funesto ciclo de dominio de dos fuerzas que terminaron unidas en un último intento por sobrevivir, pero que fueron sepultadas al mismo tiempo por la voluntad popular.
En cifras, la Asamblea Legislativa gasta casi el 60 % de su presupuesto en gasto corriente y funcionamiento administrativo, lo que incluye salarios, viáticos, viajes fuera del país y otras «prestaciones» que no le han aportado nada al trabajo legislativo y que perpetúan la ineficiencia e inoperancia del actual congreso salvadoreño.
Hoy, hay 69 asesores que tienen salarios que van de los $900 a los $4,400 y que en total cuestan $142,265 cada mes. Por acá desfilan nombres de poca o no grata recordación como Benito Lara, Lorena Peña, Misael Mejía, Rolando Mata y Zoila Quijada, todos exdiputados o funcionarios del FMLN que al no ser electos fueron beneficiados por su partido en 2018.
Además, hay que tomar en cuenta a asesores «institucionales», como los excandidatos a diputados Rafael Lemus (ARENA) y Víctor Suazo (FMLN), o casos nefastos como el de Rodolfo Párker, el diputado del PDC que va de salida y que llegó a tener hasta 10 asesores en una de las cinco legislativas que «disfrutó».
Por ello, el tsunami cian dejó al descubierto escritorios que nadie usó, sillas sin estrenar y una larga lista de prácticas y métodos de ARENA y del FMLN para utilizar la Asamblea Legislativa como su «fábrica de empleos» para pagar a correligionarios y hasta financiarse como partidos políticos con un turbulento esquema de extorsión donde todos ganaban, menos los salvadoreños, ya que la persona que recibía «la plaza» debía pagar cierto porcentaje a una especie de «patrocinador» o al instituto político que lo colocaba. Así de perverso es esto.
Con esta turbiedad legislativa son evidentes los casos donde economistas, abogados y otros profesionales, disfrazados de «asesores», cambiaron su plaza asignada para lograr un blindaje en los últimos meses, ante la debacle política de sus partidos patrocinadores, ya que hasta hoy no hay pruebas de su trabajo, no hay muestras ni documentos o informes: solo un espectro cargado de ilegalidad e irrespeto a millones de salvadoreños decentes y honrados que trabajan día a día por sacar adelante este país.
Queda claro entonces que de la Asamblea saliente lo único que queda es desidia y una nueva forma de corrupción, donde la Fiscalía debería sentar un precedente y procesar a todos los diputados o responsables, porque sin duda que estamos ante un delito, ya que si se hace una retrospectiva hasta se encontrarán pagos a personas que nunca ejercieron funciones en el congreso, incluso motoristas, empleadas domésticas y hasta jardineros particulares que trabajaban limpiando ranchos de playa o terrenos.
Nuevas Ideas, como fuerza política que recibió un amplio respaldo popular, está obligado a desmontar este andamiaje y a cimentar nuevas bases para devolverle el poder ciudadano al congreso salvadoreño, que es el origen de todos los males que se heredaron, con magistrados y jueces perversos en el sistema judicial o los malos procesos de control y fiscalización de las instituciones, entre otros problemas.
Esto implica eliminar esta perversa estructura de reparto y cuotas, y volver al origen de todo: una Asamblea que sepa legislar con idoneidad, con decencia y una nueva conducta y ética para que los salvadoreños y el Gobierno del presidente Nayib Bukele trabajen hacia un mejor país. Desde ya hacia eso apuntamos sin esperar a que llegue el 1.º de mayo, día que volveremos a hacer historia en El Salvador.