El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) fue el proyecto «emblema de la corrupción», aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. El funcionario informó ayer que los Gobiernos del FMLN malgastaron millones en mantener un proyecto privado, del cual, el Estado no obtuvo ningún beneficio.
De acuerdo con Rodríguez, las administraciones del FMLN compraron un centro de monitoreo por más de $2 millones, el cual fue usado con fines privados. Además, toda la infraestructura tuvo un costo superior a los $45 millones, la cual fue brindada por el Viceministerio de Transporte.
«Por el caso del SITRAMSS ya hay dos personas detenidas por la Fiscalía General de la República. Es un proyecto que se implementó de la peor forma, dieron de dedo la concesión del carril segregado, dieron una terminal que es propiedad pública del Estado», denunció el ministro.
Las unidades del SITRAMSS se almacenaban en las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) que es una empresa estatal adscrita a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), es decir usaron instalaciones públicas con fines privados. Además, dispusieron de personal de la seguridad pública para monitorear las unidades, cuando los buses del transporte público de pasajeros no contaban con seguridad.
De igual forma, el Gobierno del FMLN envió a personal del Viceministerio de Transporte a la terminal del SITRAMSS en Soyapango para monitorear las unidades, y elementos de la Fuerza Armada por medio de un contrato superior a los $2 millones que no fue pagado.
Según Rodríguez, no se cumplió con la ley de asocios público privados para desarrollar un proyecto como este y el Estado se encargaba de subsidiar las unidades. «El Gobierno recibía cero dólares a pesar de que construyó una infraestructura y dio un carril a una empresa que era propietaria de mas de 200 permisos para circular, tenía la terminal que era propia del MOP, y la empresa no le daba nada al Estado», explicó.
Actualmente, el MOP ha denunciado este caso ante la FGR y ha hecho efectivo un cobro de $600,000 por infracciones y por no circular, además incumplimientos contractuales.
