El grupo parlamentario de Nuevas Ideas no descarta que los recursos erogados por gobiernos anteriores para reparación de las víctimas del pasado conflicto armado hayan sido desviados para otros fines, tras conocerse oficialmente que desde 2013 el Estado proveía fondos para el resarcimiento.
Según información del Ministerio de Hacienda brindada a la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa, desde 2013 esa cartera de Estado tenía presupuestadas partidas financieras para asistir a las víctimas del conflicto armado.
Laura Michelle Arce, subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó a los legisladores el trabajo que se ha hecho desde entonces para tener recursos.
«En 2013 se creó el programa para las víctimas del conflicto [armado], con el objetivo de que tuvieran diferentes mecanismos para la reparación», reveló Arce a los parlamentarios.
«Tenemos diversas instituciones desde 2013 hasta acá que han destinado recursos para estas medidas. Hay una cifra de $10 millones que se han venido destinando por diversas instituciones de derechos humanos», explicó la funcionaria.
Arce añadió que a lo largo de los años han existido algunos recursos que se han destinado para este tipo de acciones.
«Se habían implementado algunas medidas para reparar estas violaciones a los derechos humanos», reiteró.
El Salvador fue gobernado de 2009 a 2014 por Mauricio Funes, actualmente prófugo de la justicia y con ciudadanía nicaragüense para evitar la extradición, y de 2014 a 2019, por Salvador Sánchez Cerén, también prófugo de la justicia y ciudadano nicaragüense, ambos con la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La mesa de trabajo legislativa estudia actualmente el proyecto de ley de justicia transicional, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en 2016 por la entonces Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La sentencia judicial ordena al Parlamento la promulgación de una ley para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada guerra civil, bajo los principios de justicia, verdad, garantía de no repetición de los hechos y reparación a las víctimas. Jorge Castro, diputado de la bancada cian, tras escuchar la intervención de la funcionaria de Hacienda, puso en duda que esos recursos hayan sido utilizados en los dos gobiernos del FMLN para el resarcimiento de las víctimas de la pasada guerra.
«Al escuchar que hubo fondos que estaban destinados para las víctimas, si hacemos una exploración en el uso de estos recursos, ¿podemos ver si fueron utilizados? Me refiero a los gobiernos anteriores», planteó Castro a la funcionaria del fisco.
«El Ministerio de Hacienda es el encargado de hacer la tramitología. Deberían tener toda la documentación necesaria que pruebe que esos fondos fueron utilizados para los fines establecidos», demandó el diputado.
Castro luego denunció: «No impulsaron la ley de justicia transicional en la que hubiera reparación, justicia y verdad y no repetición de los hechos, sino que [impulsaron] algo para agarrar dinero para activismo político. Estoy seguro de que el dinero jamás llegó a las víctimas».
La presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos del congreso, Rebeca Santos, aseguró que la nueva ley de justicia transicional conlleva la creación de un fondo para la reparación de las víctimas.
«Con la ley de justicia transicional definiremos quiénes son y cuál es el número de víctimas, para crear un fondo especial que garantice la reparación», afirmó Santos, diputada de Nuevas Ideas.
Dicha comisión legislativa continúa discutiendo en su seno el proyecto de legislación de justicia transicional que incluya los parámetros constitucionales sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Los diputados ya recibieron en sus sesiones al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, a representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, han llegado miembros de diversas organizaciones que buscan que las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra no queden impunes.
La anterior Asamblea Legislativa promovió una legislación en este sentido que fue vetada por el presidente de la república, Nayib Bukele, por considerar que era una nueva amnistía disfrazada para proteger, encubrir y generar impunidad en aquellos autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.