Me sorprende la gran cantidad de «expertos electorales» que aparecen por estas fechas, siempre ha ocurrido así en épocas preelectorales, pero este año se han desbordado, aparte de que ahora tienen el plus de ser especialistas en derecho constitucional, en derechos humanos y en cuanto tema aparezca en la agenda, derivando finalmente en despotricar contra la candidatura de Nayib Bukele para el período 2024-2029. No me referiré particularmente a ninguno, pero el guion es el mismo: criticar todas las reformas electorales recientes y decir que hay artículos que «claramente» —según ellos— prohíben la candidatura en cuestión.
Esa claridad a la que ellos se refieren a conveniencia no son más que interpretaciones tergiversadas hechas a su discreción, que buscan eco en los distintos medios de comunicación nacional y finalmente en la población. Al no lograr ese efecto en los potenciales votantes salvadoreños, quienes siguen situando en las preferencias electorales a Nayib Bukele, con un lejano margen de cualquier otro candidato, han recurrido a los medios de comunicación internacionales, algunos de los cuales han abierto las puertas a esas voces anti-Bukele, bien porque son ingenuos o porque tienen planificada una agenda de ataque en contra de Nayib, una que ha pasado ya por Petro, Boric y, recientemente, por Samper, entre otros.
Pero los salvadoreños debemos diferenciar entre lo que piensa la comunidad internacional y lo que se publica en medios internacionales, que son situaciones absolutamente distintas, puesto que, aunque el medio de comunicación tenga un nombre que suene rimbombante se darán cuenta de que los «voceros, analistas y expertos» entrevistados son los mismos que hacen una gira de medios en radios y televisoras nacionales atacando a Nayib y que no representan el sentimiento de los ciudadanos de distintos países, que ven con ojos de admiración y esperanza los cambios que han ocurrido en El Salvador.
Para conocimiento de quien se ha tomado algunos minutos en leerme, quiero expresarle de forma contundente y, sin lugar a dudas, que en El Salvador existe un máximo intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esa circunstancia se enseña en las escuelas de derecho de todas las universidades del país por catedráticos que no necesariamente son partidarios de Bukele, esa calidad de máximo intérprete es un tema jurídico, de derecho, no es un tema político, y está implícita en las funciones del órgano —teoría del órgano persona— independientemente los magistrados que lo conformen, quienes dicho sea de paso, mientras ostenten el cargo, sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento, como han sido las decisiones tomadas por las distintas configuraciones que esa Sala ha tenido.
Dicho esto, para poner un ejemplo práctico, equivale a que se reciba un documento en inglés y dicho documento quiera ser utilizado para un acto jurídico-legal en El Salvador, podríamos tener un amigo o un «chero», que pueda hablar inglés y nos diga o traduzca —según su interpretación— lo que el documento dice, esa traducción hecha por nuestro amigo jamás podría formar parte de un proceso legal, pues para que sea incorporado en forma adecuada a nuestras diligencias en El Salvador se requiere que la traducción sea realizada por un perito, es decir, un traductor certificado y autorizado para ello.
Precisamente lo mismo pasa con la norma habilitante contenida en el artículo 152 ordinal 1.º de la Constitución, pues cualquiera que sea la interpretación de distintos profesionales que opinan al respecto, algunos de ellos que ni siquiera son abogados, no pasan de ser más que una opinión, una interpretación propia, una plática entre cheros, algo no vinculante, sin fuerza institucional. En cambio, lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en la resolución de Pérdida de Derechos de Ciudadanía 1-2021 está revestido de institucionalidad y de legalidad, puesto que la Sala es el ente avalado para efectuar dichas interpretaciones y, por tanto, son de obligatorio cumplimiento.
Finalmente, en cuanto a los ataques y las opiniones que seguramente abundarán en las semanas y meses venideros es preciso tener claro que Nayib Bukele no necesita que nadie lo defienda, pues el trabajo realizado y las decisiones trascendentales tomadas en cuanto a las políticas públicas, como la lucha contra la COVID-19, y la guerra contra las pandillas, por mencionar algunos, hablan por sí solos. No obstante, es importante que existan argumentos que nos recuerden que la realidad supera a los discursos, que los niños hoy juegan seguros en las calles, que algo tan simple como usar el celular en un lugar público o tomar el bus después de las 6 de la tarde antes eran acciones de alto riesgo, y ahora forman parte de nuestra normalidad y como salvadoreños lo merecemos.
