En paralelo a las elecciones de alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se lleva a cabo el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Constitución de la República establece que cada tres años se renueva un tercio de la CSJ; es decir, cinco magistrados.
La Asamblea Legislativa debe elegir a esos cinco funcionarios y a sus magistrados suplentes de ternas presentadas por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Son 30 los candidatos que llegarán a la Asamblea Legislativa para un proceso que se conoce como elección de segundo grado; por lo tanto, no es una votación directa de los ciudadanos, como ocurre con los diputados y con el presidente de la república.
Existe una normativa de la Sala de lo Constitucional que limita a una legislatura a seleccionar una vez a los cinco magistrados, para evitar que la Asamblea Legislativa saliente nombre a dos tandas de cinco magistrados, como de hecho ocurrió y fue declarado inconstitucional.
Es decir, será ilegal cualquier intento de los actuales diputados de adelantar la elección para ser ellos quienes nombren a los nuevos magistrados. Aun así, hay voces que sugieren que estos diputados están llamados a escoger a los nuevos funcionarios de la CSJ, como medida de «prevención» contra la nueva Asamblea. Eso, sin duda alguna, será un intento para poner a personas leales a sus partidos a velar por los intereses de sus financistas, pues saben que con la nueva correlación legislativa les será imposible.
Los diputados que serán elegidos de forma libre y directa por los ciudadanos este 28 de febrero son los que tendrán la responsabilidad de nombrar a los magistrados de la CSJ que asumirán en junio próximo.
Esa es otra razón para votar por parlamentarios que no estén involucrados con la política actual, que no luchen por los intereses de sus cúpulas, sino por el bienestar de la población. Ellos serán los que renovarán la CSJ, pero también seleccionarán al nuevo fiscal general y la nueva Corte de Cuentas, además de legislar para impulsar el desarrollo nacional.
Una amplia participación popular en las urnas este 28F garantiza mayor representatividad de los diputados y llena de legitimidad sus decisiones futuras, además de convertirse en un compromiso ineludible con el pueblo que confió en ellos. Eso es algo que temen quienes maniobran para evitar que los cambios lleguen a la próxima CSJ.
