La reciente participación del ex secretario jurídico de la presidencia (2004-2009) Luis Mario Rodríguez en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos desnudó el reino de las incoherencias en el que viven las organizaciones de la sociedad civil.
Disfrazados de académicos o de investigadores, sus miembros forman parte de una burbuja que por años ha proyectado una lectura sesgada de lo que es El Salvador, mientras tras bambalinas reciben recursos para despotricar, porque se comportan como activistas para justificar su causa y nunca aportan como país.
Su afinidad ideológica nunca ha sido objeto de discusión y de un verdadero análisis, porque esto desmonta la etiqueta de que son un «tanque de pensamiento», que por simple definición lógica debería ser independiente, apartidaria y académica, por mencionar tres aspectos esenciales.
Rodríguez, por ejemplo, buscó ser candidato a la presidencia por ARENA en 2008, siendo funcionario del expresidente Antonio Saca. Luego de esta fallida aventura política se quitó el chaleco tricolor con tanta facilidad y llegó en 2010 a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) como agorero del Estado de derecho, luego de que Casa Presidencial le pagó su doctorado por medio de un «apoyo económico» que, en realidad, era un sobresueldo. Osada ofensa a aquel que, en ese Gobierno, nunca recibió una oportunidad.
Fue a partir de ahí que pregonó una y mil veces transparencia, defensa a la Constitución y legalidad, agendas oenegeras enlatadas y de fácil difusión en cajas de resonancia como «El Diario de Hoy», que le pagó $27,000 por prestar su pluma y legitimar una visión selectiva de la realidad, lo que incluye ser una fuente de consulta permanente de periodistas para «respaldar» reportajes y notas en las que siempre la constante es despotricar, nunca proponer.
Como Rodríguez hay muchos que tienen en común este comportamiento. Abogados de bufetes, expertos en enriquecerse de pleitos del Estado con particulares; esposas de reconocidos banqueros que juegan a ser opinólogas, y economistas que navegaron con banderas de izquierda hace años, como Roberto Rubio, y que terminaron enquistados en ONG como monarcas.
Todos estos, cuando les convenía, daban consultorías a título personal y firmaban contratos con el Gobierno, pero, desde sus organizaciones civiles y ciudadanas, lanzaban sartas y señalamientos contra las políticas públicas, las iniciativas de ley y los proyectos que resultaban incómodos a sus patrocinadores, bajo el crisol de ser Acción Ciudadana, Democracia, Transparencia y Justicia o una Alianza Anticorrupción. Predecibles y contradictorios.
Por todo esto, los paladines de la «sociedad civil» se desmoronan: esto es parte del proceso de transformación que vive El Salvador hacia una nueva manera de organización social más auténtica, espontánea y comprometida con el desarrollo del país.
Queda claro como antes, además de comprar gobernabilidad, también se creaba un entorno artificial en el que el dinero público fue entregado para crear un mecanismo de legitimización de la dinámica política y social que se vivía, en el que nunca se solventaron los problemas nacionales, solo se engañó a la gente y nunca se le representó.
Fusades y ANEP, «joyas» de la corona en este debate, deberían replantear seriamente su rol, junto con sus satélites. ¿Para qué realmente existen? ¿Tienen capacidad de dejar de ser lobistas y distorsionadores de la realidad y quieren construir? ¿O solo están en períodos de bonanza o cuando les conviene? Queda claro, en más de dos años de Gobierno del presidente Nayib Bukele, que su rol ya no es ni de un actor secundario, apenas llegan a extras en un guion en el que los principales protagonistas son el pueblo, sus esperanzas y las soluciones que hoy, desde el Estado articulado, se están trazando.
La comisión sigue su trabajo, y poco a poco irán saliendo más verdades que zanjan por siempre el debate de estas organizaciones que siempre se vendieron como no gubernamentales, pero que eran apéndices del poder de turno y se plegaron a él con sobresueldos, dinero público y proyectos fantasmas para truncar los sueños y las aspiraciones del pueblo. Ese nunca más llegó, el punto final de esta perniciosa historia contra la gente.