Los siete expedientes en contra del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el 2 de septiembre de 2016, quedarán suspendidos una vez llegue el momento de la audiencia preliminar, ya que el Código Procesal Penal prohíbe llevar a cabo esa diligencia sin presencia del imputado.
Los demás acusados de forma conjunta con el exmandatario sí enfrentarán la audiencia preliminar, ya que están gozando de medidas alternas a la detención o arresto domiciliar y algunos permanecen detenidos en diversos centros penales.
Mauricio Funes acumuló siete órdenes de captura locales por expedientes iniciados entre el 27 de junio de 2018 al 17 de diciembre de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
En los siete casos que la Fiscalía General de la República llevó a varios juzgados de Paz y especializados de San Salvador fue acusado como reo ausente, ya que desde el primer expediente, conocido como Saqueo Público, el expresidente ya había huido a Nicaragua.
A escala local, los siete jueces que conocieron las causas accedieron a decretar órdenes de captura como lo planteó el ministerio público en los requerimientos (acusaciones), no así a escala internacional, donde la Policía Internacional (Interpol), pese a las peticiones hechas por juzgados y Fiscalía, no accedió a emitir difusión roja con miras a iniciar un proceso de extradición.
En la Secretaría General de la Interpol, con sede en Lyon, Francia, las solicitudes enviadas por El Salvador no prosperaron. En octubre de 2018, la Fiscalía pidió una explicación a ese organismo de las razones por las que se rechazó la petición.
AUDIENCIA SIN IMPUTADO
Para que un juzgado de instrucción lleve a cabo la audiencia preliminar en contra de un imputado, debe garantizarse la defensa material y técnica; en el caso de Funes, no hay ninguna de las dos, ya que nunca nombró a un abogado que lo representara y él desde el principio es prófugo.
La defensa material es el derecho que tiene un acusado de intervenir al momento de que se incorporen los elementos de prueba, hacer peticiones y observaciones que considere necesarias para hacerse oír y valer sus medios de defensa y tener una participación, exponiendo su versión de los hechos, proponiendo y produciendo prueba, y controlando la prueba que la Fiscalía presente en su contra.
Mientras que la defensa técnica es la que ejerce el defensor, quien debe asumir un rol de asesoramiento y de custodia de los derechos del imputado, contrarrestando con base en sus conocimientos jurídicos las pruebas de la Fiscalía.
La Sala de lo Constitucional, en una sentencia del 22 de febrero de 2013, estableció que la única audiencia que puede realizarse sin presencia de un imputado (pero con la comparecencia de su defensor) es la inicial, por tratarse del comienzo del proceso.
La misma sala señala que la audiencia preliminar no se puede desarrollar sin presencia del imputado, salvo la excepción que señala el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece que se puede celebrar solo «cuando se rehúse a comparecer y si lo haya informado el centro penal donde se encuentre recluido».
El artículo 362 del Código Procesal Penal califica a la audiencia preliminar como «un acto que acontece en la etapa intermedia de la causa, que tiene por finalidad, en términos generales, decidir el avance del proceso al juicio o su finalización».
LOS EXPEDIENTES
Mauricio Funes comenzó su récord delictivo con el caso conocido como Saqueo Público el 5 de junio de 2018, cuando la Fiscalía decretó 32 órdenes de captura. Ese expediente fue llevado al Juzgado Quinto de Paz y la audiencia preliminar en contra de la mayoría de los acusados está pendiente de realizarse en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
El ministerio público señala en este proceso que Funes y los demás acusados hilvanaron un plan para sustraer de Casa Presidencial $351,035,400, de 2009 a 2014.
Con ese dinero compraron vehículos, adquirieron inmuebles a través de testaferros, viajaron por placer a unos 20 países, entregaron dinero a personas allegadas, construyeron y remodelaron inmuebles, transfirieron dinero a personas legales y jurídicas y compraron artículos de lujo.
Otro proceso donde es reclamado es en el denominado Corruptela. Las 30 órdenes de captura las giró la Fiscalía el 15 de octubre de 2018 y entre los acusados están el ex fiscal general Luis Martínez, empresarios, exempleados de la Fiscalía y supuestos consultores.
Al expresidente la Fiscalía también le acumuló la causa conocida como El Chaparral, que incluye a cinco imputados más; entre ellos, el empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, y José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi, por cohecho activo (soborno), y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero. Los tres también son señalados de agrupaciones ilícitas, y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la actual compañera de vida de Funes, es acusada de lavado de dinero.
Este caso tiene que ver con el pago de $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, mediante un arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano en la construcción de la presa El Chaparral.
FUNES USÓ TESTAFERROS PARA OBTENER DECENAS DE INMUEBLES
EN EL JUZGADO OCTAVO DE INSTRUCCIÓN DE SAN SALVADOR
Mauricio Funes tiene orden de captura por el caso Saqueo Público. La Fiscalía dice que en su gestión presidencial habría sustraído más de $351 millones de Casa Presidencial. Son 32 procesados y está pendiente la audiencia preliminar.
EL PROCESO PENAL CORRUPTELA
Está diligenciado en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. La Fiscalía procesa a 30 personas. El ministerio público habla de supuestos sobornos que Mauricio Funes y empresarios hicieron al exfiscal Luis Martínez para que no investigara delitos de corrupción que había cometido.
PROCESO POR REVELACIÓN DE HECHOS
El expresidente Mauricio Funes tiene en el Juzgado Octavo de Instrucción el proceso por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, por una supuesta divulgación que hizo de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Ese documento la Fiscalía lo utilizó para procesar al expresidente Francisco Flores por lavado de dinero. Funes, por ser prófugo, ya fue separado del caso en la audiencia preliminar, iniciada el pasado 6 de diciembre.
EL CHAPARRAL
Mauricio Funes es acusado de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado. Según la Fiscalía, favoreció a la empresa italiana Astaldi para que, mediante un arreglo en la construcción de la presa El Chaparral, en San Luis de la Reina, San Miguel, se le pagaran $108.5 millones por obras no ejecutadas.
EVASIÓN DE IMPUESTOS
Por evasión de impuestos, el Juzgado Octavo de Instrucción lo reclama tras un proceso que la Fiscalía inició el 27 de marzo de 2019. Es acusado de evadir supuestamente $85,157.25 en el período fiscal de 2014, según el aviso que la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda interpuso en la Fiscalía.
TREGUA ENTRE PANDILLAS
Desde el 26 de julio de 2019, en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador tiene activo el caso penal por la tregua entre pandillas. El pasado 2 de diciembre, en la audiencia preliminar, Mauricio Funes fue separado del expediente por ser prófugo y solo fue procesado el exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés. El nicaragüense prófugo es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO
El 17 de diciembre de 2020, Funes acumuló la séptima de orden de captura por casos especiales de lavado de dinero. Este proceso tiene que ver con la adjudicación del proyecto de construcción del puente San Isidro, en Tacachico, La Libertad, al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, quien entregó al expresidente y a José Miguel Menéndez Avelar, alias Mecafé, también acusado en este caso, una avioneta como soborno.
