Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó ayer que, de no acatar los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un funcionario electoral puede ser acusado de desacato y procesado por las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
«Yo soy coherente con lo que expreso, que estoy obligado a darle cumplimiento a las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional, de lo contrario yo estoy cayendo en un delito de desacato, desobediencia de una sentencia emanada de un tribunal superior, perfectamente el señor fiscal puede procesarme por no cumplir la ley. Yo quiero ser muy responsable, no estoy defendiendo a personas en particular, a partidos en particular, yo estoy respetando lo que la Constitución y las leyes de mi país establece», expresó.
El pasado lunes, el magistrado cuota del FMLN en el TSE, Julio Olivo, dejó entrever en la entrevista Encuentro de TVX, su poca disposición de acatar la resolución 1-2021 de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección presidencial.
«El artículo 235 nos manda un juramento no hacia la Sala de lo Constitucional, sino que, hacia la Constitución», expresó el funcionario electoral.
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Sin embargo, el magistrado Noel Orellana explicó que el artículo 235 de la Constitución dice que «todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República. Cumplir y hacer cumplir a la Constitución».
«He sido muy claro, lo he expresado desde un principio, que, en mi calidad de funcionario, y no hablo en nombre del TSE, yo estoy en la obligación de cumplir aquellas sentencias emanadas de los tribunales competentes. Como lo he dicho siempre: Me guste o no me guste», añadió Orellana.
Además, puntualizó que, en calidad de funcionario público, Olivo estaría en la obligación de cumplir con las sentencias emanadas de tribunales competentes; no obstante, aclaró que cada magistrado del TSE es responsable de su postura y de las acciones que esta conlleve.
«El Tribunal Supremo Electoral, ni las actuales autoridades, ni las anteriores autoridades, han dejado de cumplir sentencias emanadas de los tribunales correspondientes y en este caso de la Sala de lo Constitucional», reafirmó.
Orellana también desmintió las declaraciones que dio Olivo el lunes pasado con respecto a que lo magistrados «sienten temor o se sienten amenazados» de tomar decisiones dentro del TSE.
«Yo en ningún momento me he sentido coaccionado por nadie, he tratado la manera de ser independiente y de jugar ese papel de juez electoral al que la Constitución y las leyes de la República me obligan, que dicho sea de paso, yo juré cumplir cuando se me juramentó como funcionario. Yo me siento tranquilo porque estoy consciente de que estoy realizando un trabajo de acuerdo con lo que las leyes y la constitución me mandan», dijo Orellana.
Asimismo, aseguró que el TSE ha mantenido la autonomía que le otorga la Constitución y el Código Electoral.