Con las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley de la Carrera Judicial, los jueces de primera instancia y de Paz y los magistrados de cámaras cesarán en sus cargos a los 60 años de edad o a los 30 años de servicio, pero, si así lo desean, podrán quedar en el «régimen de disponibilidad» para continuar en servicio.
La reforma incluyó un nuevo inciso al artículo 4 de dicha ley, que determina que «el magistrado o juez que ha cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad» cuando «así lo consintiere expresamente» ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese caso, la Corte, «de manera motivada», determinará la posibilidad de que el magistrado o juez «pueda seguir ejerciendo en determinada sede judicial», con base en los criterios de «necesidad o especialidad de la materia».
Los parlamentarios Marcela Pineda y Jorge Castro, ambos de Nuevas Ideas, confirmaron ayer que existirá este régimen de disponibilidad y que será la Corte Suprema de Justicia en pleno la encargada de llenar las vacantes de quienes cesarán en sus funciones por cumplir la edad o los años de servicio.
El artículo 9 de la reforma reitera que, «a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado o interrumpido» por el retiro de los magistrados o jueces por su edad o años de servicio, la Corte se encargará de hacer los «traslados y nombramientos necesarios e indispensables» para llenar esas vacantes.
«Con esta iniciativa se pretende regular los ingresos, traslados y, sobre todo, las finalizaciones dentro del Órgano Judicial al cumplir 30 años de servicio o 60 años de edad», puntualizó Castro. Previo a las reformas, la Ley de la Carrera Judicial no contemplaba estos criterios para que un juez o magistrado de cámara se retirara de su cargo.
Las reformas —aprobadas con los votos de los diputados de Nuevas Ideas, GANA y PCN, y rechazadas por ARENA, FMLN y Nuestro Tiempo— establecen que los magistrados y jueces que a la entrada en vigor del decreto ya cumplieron 60 años de edad «cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la sede judicial en que se encontraren».
Defienden las reformas aprobadas por el pleno
El diputado Castro y Rebeca Santos, también de Nuevas Ideas, defendieron ayer las modificaciones que hizo el martes la Asamblea Legislativa no solo a la Ley de la Carrera Judicial, sino también a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
La diputada planteó que con las reformas «se está rompiendo un esquema de justicia selectiva» que ha existido en El Salvador y permitirán que haya «resoluciones más justas» en favor de la población.
La legisladora ejemplificó que, a raíz de resoluciones de jueces y magistrados de cámaras, ha quedado suspendida la orden de captura en contra del exdiputado de ARENA Norman Quijano, mientras que al exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, también de ARENA, se le decretó arresto domiciliar. Ambos dirigentes del partido tricolor, vinculado a casos de corrupción, han sido acusados de haber negociado con las pandillas.
