Extorsión, violación, tráfico de drogas, organizaciones terroristas y por homicidios son algunos de los delitos por los que cientos de salvadoreños son buscados, alrededor del mundo, por la Policía Internacional (Interpol).
Según el portal web de la institución de seguridad, de un total de 7,394 notificaciones rojas emitidas a nivel mundial, al menos el 16.3% (1,205 personas) han sido giradas en contra de salvadoreños.
El organismo internacional emite difusiones rojas para solicitar a las policías de los países miembros la localización y detención de personas buscadas por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.
Uno de los salvadoreños requeridos por la Interpol es el ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo alias «Samurai», acusado de privar de libertad y asesinar a su compañera Carla Mayarí Ayala Palacios, el hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2017 luego de una fiesta navideña celebrada en las instalaciones donde funcionaba el GRP en las cercanías del estadio Cuscatlán.
La orden de captura internacional fue emitida y aprobada por Interpol el 16 de febrero de 2018, para dar con el agente Castillo Arévalo, quien huyó del país desde diciembre de 2017 y por quien la Policía ofreció, en el 2018, una recompensa de $5,000 a quien diera información de su paradero.
El pasado 29 de octubre el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, condenó a seis policías del extinto GRP y tres particulares, vinculados al feminicidio en perjuicio de la agente Carla Ayala, cuatro fueron absueltos, entre ellos los parientes del prófugo Castillo Arévalo, señalado por la Fiscalía como el autor directo del crimen.
Las nueve condenas fueron impuestas por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento. La pena máxima de ocho años por ese ilícito fue para el inspector Pablo Antonio Estrada Villalobos, quien era el subjefe del GRP.
Los agentes Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Antonio Pacheco Morales, de indicativos «Gladiador» y «Buffer», enjuiciados como los principales cómplices de «Samurai», recibieron condenas de siete años, pero fueron absueltos por feminicidio en grado de comisión por omisión, ya que la Fiscalía los acusó de ese delito por no haber evitado que Castillo Arévalo, asesinara a Ayala.
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A parte de «Samurai» por lo menos 200, de los más de mil salvadoreños con notificación roja, son buscados por organizaciones terroristas, homicidio, tráfico de drogas, agrupaciones Ilícitas, violación y extorsión.
De esos 200 un 48% (96 personas) son requeridos por el delito de organizaciones terroristas de estas un 25% (24 notificaciones) han sido emitidas en contra de mujeres. Mientras que un 32% (63) son buscados por homicidio y otros 32 salvadoreños tienen notificación roja por agrupaciones ilícitas.
También 21 personas son buscadas internacionalmente por tráfico ilegal de personas, feminicidio y privación de libertad, 18 por el delito de extorsión, siete por agredir o violar a menores de edad, seis por tráfico ilícito de drogas y violación, y cinco por estafa.
El resto de salvadoreños son buscados por delitos como expresiones de violencia contra las mujeres, desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección, lesiones, difusión de pornografía, limitación ilegal a la libertad de circulación, estupro por prevalimiento y secuestro.
Requisitos para una notificación roja
Según la Interpol, la difusión roja debe contener datos de identificación del fugitivo, descripción física, una fotografía o las huellas dactilares de la persona requerida.
La ficha debe contener los datos jurídicos en los que se detalle información sobre el delito por el que es perseguido.
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Las notificaciones contienen dos tipos principales de información: Uno, datos de identificación o datos personales completos; descripción física, fotografías, huellas dactilares y demás información de interés, como la profesión de la persona buscada, los idiomas que habla, los números de sus documentos de identidad.
Y datos jurídicos, por ejemplo, el delito del que se acusa a la persona en cuestión, referencia a las leyes que lo reprimen o en las que se basa la declaración de culpabilidad, pena máxima aplicable o impuesta y, en el caso de las notificaciones rojas, información sobre la orden de detención o la sentencia dictada por un tribunal y países a los que el país solicitante pedirá la extradición del prófugo.
Marco legal
-El fundamento jurídico de las difusiones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado.
-Muchos países miembros de la Organización consideran que la notificación roja equivale a una solicitud de detención provisional válida. Además, en varios convenios bilaterales y multilaterales de extradición, tales como el Convenio Europeo de Extradición, el Convenio de Extradición de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el tratado modelo de extradición de las Naciones Unidas, se reconoce a Interpol como conducto oficial para transmitir solicitudes de detención provisional.