Un total de 15,715 reos condenados por el delito de homicidio guardaban prisión en diferentes centros penales salvadoreños hasta diciembre de 2020, un incremento de 1,072 privados de libertad por ese ilícito con respecto al año 2019 cuando se registraron 14,643 homicidas presos, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Hasta esa fecha, las cárceles del país albergaban a 37,190 reclusos procesados y condenados por diferentes ilícitos a escala nacional.
El informe de la DGCP indica que el homicidio es el delito que más presidiarios hospeda en las cárceles salvadoreñas, seguido de la extorsión con 7,888 condenados, robo 3,751, delitos relativos a las drogas 3,705, agrupaciones ilícitas 4,261 y violación con 2,858.
La mayoría de huéspedes por homicidio son miembros de estructuras criminales que delinquen dentro del territorio nacional, mayoritariamente de la Mara Salvatrucha (MS) y la pandilla 18, según el informe de Penales. En diciembre del 2020 las distintas cárceles recibieron a cuatro mareros de la MS que fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango a 20 años de prisión por el homicidio agravado de Emerson Alexander Erazo.
Esos nuevos reclusos fueron identificados como Joaquín Antonio Rivera Portillo, Joaquín Antonio Mancía Martínez, Nelson Edgardo Landaverde Rodríguez y Jonathan Bladimir Arévalo Pineda, quienes asesinaron a la víctima el 1° de abril de 2018 en la calle principal del Barrio San Antonio, municipio de La Reina, departamento de Chalatenango.
En su declaración el testigo protegido de clave «Salomón», manifestó que, en horas de la madrugada del día del crimen, la víctima se dirigía a laborar a un potrero de la zona, cuando fue interceptado por los pandilleros, los cuales comenzaron a perseguirlo y a dispararle en varias ocasiones, logrando impactar en el cuerpo de Erazo, quien debido a la gravedad de las lesiones murió al momento y quedó tirado en la calle, informó el fiscal de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Chalatenango.
Ese mismo año, otra cárcel del país recibió a dos pandilleros condenados por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador a penas de los 29 a 124 años de cárcel por varios casos de homicidio y agrupaciones ilícitas.
El cabecilla de una clica que operaba en el barrio Modelo, Walter Vladimir Flores, fue sentenciado a 124 años de prisión por seis casos de homicidio. Mientras que Ricardo Saúl Martínez López, miembro de la misma facción criminal, fue condenado a 29 años, por homicidio y agrupaciones ilícitas.
El reporte detalla que los imputados operaban en los barrios Modelo, Candelaria y San Jacinto del municipio de San Salvador, donde habrían cometido la mayoría de los delitos por los que fueron condenados.
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que todos los crímenes ocurrieron durante los años 2015 y 2016, donde dos de las víctimas fueron mujeres y cinco hombres.
En el caso de Flores, fue condenado por el homicidio de una mujer y cinco hombres. Mientras que Martínez, fue sentenciado por el asesinato de un expandillero de la Mara Salvatrucha, quien había tachado su cuerpo con tatuajes alusivos a la MS.
Mayoría de condenados están entre los 26 a 35 años de edad
Los datos de Centros Penales detallan que de los 37,190 privados de libertad en diciembre de 2020; 7, 471 estaban en un rango de edad entre 18 a 25 años, el grueso de la población reclusa se ubica entre los 26 a 35 años [16,090]; de 36 a 45 años registran [8,938], 46 a 55 [3,194]; mientras que de 56 a 65 [1,116], de 66 a 75 [317] y de 76 a 90 eran 64.
Más de 690 privados de libertad tienen estudios universitarios
El reporte da cuenta que la mayoría de presidiarios contaban con educación secundaria [13,520], primaria 13,315, bachillerato 7,055, universitarios 694; estudios técnicos 100 y 2,387 no sabían leer ni escribir.
Los reos, que están siendo procesados o ya fueron condenados, tienen la oportunidad de continuar sus estudios dentro del sistema penitenciario, y es así que muchos han logrado aumentar su nivel académico.
Los internos de los 23 reclusorios de la DGCP tienen dos opciones para continuar educándose o iniciar a aprender a leer y escribir: la primera es la educación formal, impartida por diferentes profesionales de la educación en cada penal y es avalada por el Ministerio de Educación, y, la segunda, la educación informal, la cual es impartida de reo a reo para reforzar su aprendizaje.
De acuerdo con los datos del sistema penitenciario, en el penal de San Francisco Gotera, que se ha caracterizado por ser una cárcel llena de expandilleros declarados cristianos, es donde más reos han optado por participar en el programa de educación formal. En lo que va del año, hay 481 estudiantes activos; de ellos, 105 cursan su primer año de bachillerato, 82 están en séptimo grado y 54, en noveno.
En la excárcel de Sonsonate [demolido este año] también había 480 reos estudiantes, la mayoría cursando bachillerato. Asimismo, más de 800 privados de libertad estudian en el centro penal de Usulután y en la cárcel de Mujeres, en Ilopango.