Entre los años 2015 y 2018, el Estado a través de la Ley de Extinción de Dominio, logró quitarle $2,409,461 a estructuras complejas de lavadores de dinero, narcotraficantes, funcionarios corruptos y pandillas, según el registro oficial del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Un informe proporcionado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los casos que llegaron a sentencia, detalla que de todos los procesos que ingresaron al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, el principal delito es el lavado de dinero y activos, narcotráfico, contrabando de mercadería, actividades vinculadas a las pandillas y tráfico ilegal de personas; marcando así las cinco actividades ilícitas más comunes.
En las audiencias de sentencia que equivale a una vista pública de un proceso penal, los afectados (dueños de dinero y bienes e inmuebles) no pudieron probarle al juez la procedencia lícita, ya que la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía fundamentó que esas ganancias fueron obtenidas de manera ilegal y para evitar el alcance de la normativa especial traspasaron los bienes a sus familiares o terceras personas -testaferros-, en algunos casos se detectó que hubo una mezcla de dinero ilícito con bienes lícitos.
En los procesos se han extinguido bienes como casas, terrenos, vehículos, joyas, ganado y dinero depositado en cuentas bancarias, al final de cada año el CONAB convoca a subastas para vender todo y el dinero obtenido es distribuido entre las cinco instituciones que ya la ley establece.
«Nosotros manejamos la distribución una vez al año porque esa es una forma que a nosotros se nos permite operar. Yo no hice la ley, pero la repartición que está en el artículo 94 de la ley dispone que el CONAB va hacerse acreedor de un 15 %, somos los que administramos, con la tarea más ardua y con un porcentaje bajo. Entonces esa es una reforma de ley que pensamos promover a corto plazo, sin embargo, las cantidades dinerarias andan oscilando entre $600,000 y $700,000 al año extinguido”, informó Alberto Alas Gudiel, presidente del CONAB.
No todos los bienes son subastados y eso ocurre cuando se trata de viviendas, según Alas Gudiel, la ley faculta donarlas al Estado y a fundaciones, y normalmente se termina entregando esos inmuebles a la institución que ha estado ocupándolo.
Uno de esos casos es el del Hotel Royal de San Salvador, que era propiedad del exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), William Eliú Martínez, quien fue condenado en Estados Unidos, el 18 de enero del año 2006, a 29 años de prisión por traficar cinco toneladas de cocaína, en 1998, junto a la organización de tráfico de drogas del guatemalteco Otto Herrera.
Cuando la Fiscalía se incautó de ese inmueble de forma provisional, el CONAB lo entregó para que lo utilizara el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero luego que fue extinguido difícilmente se va pedir a dicho ministerio que lo desaloje, Alas Gudiel, cree que lo terminarán donando a ellos. Si el hotel hubiese estado arrendando, se tendría que haber incluido en la subasta de noviembre de 2020.
La mansión de Saca
Contrario a lo que podría ocurrir con la mansión de $8 millones, que el expresidente Elías Antonio Saca construyó en las faldas del volcán de San Salvador, del cantón El Carmen, la cual es alquilada por $7,000 mensuales.
Si al culminar el proceso de extinción ese inmueble es extinguido a favor del Estado, el CONAB lo podría subastar y el dinero sería distribuido entre las cinco instituciones que la normativa señala como beneficiarias. Esa casa no está a nombre de Saca, sino bajo la titularidad de Promotora de Comunicaciones, que es una de las expresas del expresidente.
Algunas sentencias emitidas:
Dinero incautado en penal de Chalatenango
La primera sentencia que hubo en El Salvador en materia de extinción de dominio fue la emitida en contra de 12 miembros de una clica de la Mara Salvatrucha quienes fueron despojados de $15,232.50 que les decomisaron en una requisa en el penal de Chalatenango, el 16 de julio del año 2014, la procedencia del dinero hallado en ocho celdas de ese reclusorio no pudo ser justificada y pasó de forma definitiva al Estado.
Ex diputado Wilver Rivera Monge perdió sus bienes
Las 22 propiedades que estaban a nombre del exdiputado Wilver Alexander Rivera Monge, su esposa Arenis Leonor Sifontes, sus hijos Wilver Alexander, Jennifer Gabriela y Mindy Yajaira Rivera Sifontes, pasaron al Estado, así como $78,354 que el grupo familiar tenía en nueve cuentas bancarias. Cuando la jueza especializada en extinción de dominio emitió la resolución dijo que la familia Rivera Sifontes tuvo incremento patrimonial no justificado que no estaba de acorde a los ingresos económicos de cada uno de ellos.
Lote de 7.9 kilogramos de oro contrabandeado
Un lote de 7.9 kilogramos de oro italiano de diez kilates, incautado el 23 de febrero del año 2002 a Reina de La Paz Majano, pasó al Estado tras una resolución en la que se determinó que ingresó como contrabando ya que no fue declarado por su propietaria cuando llegó al país en un vuelo procedente de Panamá, la sentencia del año 2015 fue emitida 13 años después del decomiso del oro valorado en $39,590.
Procesos activos:
Tras los bienes de “Chepe Diablo”
El 11 de enero de 2018, la Fiscalía General de la República, solicitó que al empresario José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”; al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, se les iniciara un proceso de extinción de dominio para que pasen al Estado, 81 inmuebles, 259 vehículos, 57 cuentas bancarias, cinco certificados de depósito a plazo fijo, 21 participaciones accionarios y 16 sociedades entre ellas Agroindustria Gumarsal S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V.
Según la solicitud presentada por la Fiscalía en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, los bienes también están a nombre de otras 12 personas entre las que figuran familiares y empleados de sus empresas que sirvieron supuestamente de testaferros de Salazar Umaña y Samayoa.
