En los últimos siete años más de 23,000 familias salvadoreñas han tenido que sufrir la desaparición de un familiar en diferentes circunstancias en cualquier punto del país.
Según los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), de 2014 a octubre de 2020 el ritmo anual de desapariciones en El Salvador ha tenido un promedio de 3,600 casos, salvo en 2014 que la cifra total superó los 4,300.
Los esfuerzos realizados por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, aunado a las condiciones generadas por la pandemia de la COVID-19 permitieron que este año la tendencia se redujera a poco más de mil casos hasta el 30 de octubre.
De acuerdo con las estadísticas policiales, San Salvador está a la cabeza de los municipios donde más casos (113) fueron reportados este año, en segundo lugar, figura San Miguel con 74, Santa Ana reportó 67, Mejicanos 51, Soyapango 49, Apopa 44 y Santa Tecla 37.
A nivel de departamentos, los datos revelan que el fenómeno tiene otro comportamiento, pues sitúa a San Salvador en primer lugar con 409 casos, La Libertad 150, San Miguel 112, Sonsonate 110 y Santa Ana 96.
En noviembre de este año el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, expresó que solo en este año la reducción de casos por este delito fue del 40%.
«Contamos, al mes de octubre de 2020, con una reducción de un 40% en el delito de desapariciones, comparado con el mismo período de 2019. En ese año, se registraron 2,027 personas desaparecidas. Hoy, ese número ha disminuido drásticamente. Hay 802 casos menos», detalló Rivas.
Al respecto, hace unos días el fiscal general, Raúl Melara, afirmó que el promedio diario desapariciones forzadas pasó de 13 en 2019 a seis este año y lo catalogó como positivo, no obstante, dijo que aún falta mucho que trabajar en este tema para prevenir este delito.
«El tema de desaparecidos ha sido una bandera en mi administración. Si algo me queda de satisfacción es que en ese tema hay un antes y un después; antes pasaban como estadísticas, ahora hemos trabajado con otros países, hemos creado protocolos de acción urgente. Las personas ya no tienen que esperar 2, 4, 6 ni 12 horas para poner una denuncia. Ellos lo pueden hacer inmediatamente y estamos trabajando de manera muy efectiva para poder llevarles tranquilidad a las familias», expresó Melara.
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En julio de 2019, la Fiscalía entregó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Penal que incluye la figura de dos nuevos delitos en el tema de desaparición que contempla penas entre 25 a 45 años de prisión, estas son: desaparición forzada cometida por particulares y la desaparición forzada de personas agravada. Ese mismo mes fue creada la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas.
En noviembre del año pasado, la Asamblea hizo reformas al Código Penal al que agregó el artículo el artículo 148-A quedando así: «El que de cualquier forma privare a otro de su libertad cuando esta acción fuera seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima, será sancionado con pena de 15 a 25 años de prisión».
