Un total de 42 homicidios quedaron en la impunidad luego que diferentes jueces concluyeran que el único testigo presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) era mentiroso, por tanto, el Juzgado Especializado de Sentencia C, de San Salvador decidió absolver a más de 200 pandilleros implicados en varias muertes violentas.
Los reveses de la Fiscalía ocurrieron entre noviembre del año pasado y marzo de 2021 y se deben a que el ministerio Público pretendía probar las muertes violentas con solo la declaración de los testigos criteriados (personas que reciben beneficios penales) que en ocasiones llegaron a mentir en los testimonios o desaparecieron para no presentarse a declarar en las vistas públicas.
El último caso ocurrió el 12 de marzo cuando el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador absolvió a 16 hombres investigados por 12 casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, debido a que el único testigo que declaró careció de credibilidad, según lo determinó el juez.
Los absueltos fueron: Joel Eleazar Hernández Tadeo, Oscar Orlando Cerna Veliz, Manuel de Jesús Hernández Melgar, Erick Giovanni Santos Guzmán, Juan Carlos Flores Espinoza, Wilber Antonio Rivas, Hugo Daniel Ortega Ayala, Kevin Alexander Rivas, Jaime Ernesto Pérez, Danilo Amílcar Araujo Estrada, Melvin Guzmán Yanes, Carlos Magdaleno Rivas, Esteban Rivas Cortez y Franklin Enrique Orellana Cardona. Además, la trabajadora social Magda Suyen Morazán Peralta, recuperó su libertad.
Según la investigación fiscal, los procesados pertenecían a una clica de la Mara Salvatrucha que operaba en diferentes colonias del municipio de Colón, La Libertad. Los homicidios fueron cometidos entre el 2013 y 2018.
Al dar su fallo el juez manifestó «que el único testigo presentado por la FGR “Horus”, había sido mendaz (mentiroso), porque en la mayoría de homicidios había nombrado a los sujetos que supuestamente habían participado en los hechos, pero al verificar la prueba presentada por los procesados se hacía notar que en el momento de los hechos estaban detenidos en diferentes centros penales», señaló el juez.
Asimismo, explicó que se comprobó que Morazán Peralta trabajaba con el Ministerio de Salud y que ella siempre se hacía acompañar por médicos y enfermeras, porque su labor era monitorear comunidades.
134 PANDILLEROS QUEDAN LIBRES
El viernes 5 de febrero, el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador dejó en libertad a 134 pandilleros de la «18» por la falta de credibilidad y confianza por parte del testigo clave «Sócrates» propuesto por la Fiscalía.
Los imputados eran acusados de las muertes violentas de 18 personas ocurridas entre marzo de 2017 y febrero de 2018. Durante el juicio, el testigo relató que varios crímenes fueron cometidos por la pandilla luego de interceptar a sus víctimas al interior de la discoteca «Xtreme», situada en la colonia Escalón, San Salvador.
La Fiscalía contaba con un testigo con criterio de oportunidad, sin embargo, el juez del caso desestimó la declaración debido a que carecía de credibilidad. Por su parte, la portavoz de la Fiscalía indicó que la resolución del juez será apelada y que existen elementos para demostrar la culpabilidad de los imputados.
FISCALÍA NO PRESENTÓ AL TESTIGO CRITERIADO
Ese mismo mes, el referido juzgado dejó libre de cargos a dos supuestos pandilleros acusados de tres homicidios, debido a que la Fiscalía no presentó a un testigo criteriado quien era la única prueba en el proceso.
Javier Ernesto López Campos y Nelson Ernesto Rivera estaban implicados en el feminicidio de Marina Aracely Castellanos Hernández; en el homicidio en contra de José Ricardo Pineda Magaña y Víctor Manuel Castillo Nerio.
En el juicio, el ministerio Público ofreció como prueba principal la declaración del testigo criteriado «Aurelio», pero al no comparecer el juez de la causa le otorgó 10 días hábiles para que lo ubicara.
El plazo culminó y la representación fiscal debía incorporar la declaración del criteriado, pero como no lograron localizarlo y ser la única prueba en contra de los dos imputados, el juez tuvo que dejarlos libres por los tres homicidios.
Marina Aracely López Campos fue asesinada el 13 de octubre de 2015 en la Avenida Quirino Chávez, frente a la iglesia católica de Apopa.
De acuerdo con el expediente, los palabreros de la pandilla 18 ordenaron vengar el homicidio de uno de sus miembros conocido como «Stuar», decidieron que López Campos y su hijo fueran asesinados ya que en su negocio tuvo a dos integrantes de la MS y cuando «Stuar» pasó en un microbús, ella lo señaló diciéndoles que era de la pandilla rival, por lo que abordaron la unidad de transporte para matarlo.
José Ricardo Pineda Peña fue acribillado en agosto de 2015 en una ferretería ubicada en el kilómetro 13 y medio, carretera a Quezaltepeque.
Mientras que el asesinato de Víctor Manuel Castillo Nerio, ocurrió el 30 de enero de 2016, en la colonia San Sebastián de Apopa.
ALGUNOS DE LOS CASOS
Versión de testigo no concuerda con el informe del levantamiento de cadáveres
En noviembre del año pasado, el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador absolvió a 52 pandilleros implicados en nueve casos de homicidio agravado y organizaciones terroristas.
En su fallo, el juzgador dijo que no existía ninguna prueba para condenar a los imputados, debido a que en el caso se carecía de una investigación profunda para analizar es testimonio del testigo con la prueba documental y pericial. Además, el juez dijo que ninguno de los casos de homicidio había sido como el testigo había manifestado, según los informes de levantamiento de cadáver.
Según la acusación de la FGR los procesados pertenecían a una pandilla que entre el 2007 al 2018 operaba en diferentes lugares del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán.
Alcalde de Ilopango queda en libertad por frágiles pruebas en su contra
El pasado 4 de febrero el Juzgado de Instrucción de Ilopango, exoneró al alcalde de dicho municipio Adán de Jesús Perdomo por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado), debido a que el juez no encontró pruebas robustas para que el proceso pasara a vista pública.
La Fiscalía General había solicitado que el proceso pasara a juicio para que un tribunal de sentencia de San Salvador determinara la situación jurídica del funcionario, pero no supieron argumentar el caso.
La defensa del alcalde desde el principio había sostenido que no había delito que perseguir y en la audiencia preliminar le solicitaron al juez que emitiera un sobreseimiento definitivo y que diera por finalizada la causa penal.
Al finalizar la audiencia Perdomo dijo que «le quisieron dañar su imagen», mientras que el defensor Carlos Avelar, sostuvo que presentaron prueba necesaria para desvirtuar los señalamientos de Fiscalía.
El 30 de noviembre de 2020, cuando Perdomo fue capturado el fiscal general Raúl Melara, dijo que «el alcalde se estaba aprovechando de los paquetes dirigidos a paliar la crisis en la que se encuentran varios salvadoreños debido a la pandemia».
La investigación comenzó el 29 de octubre del año pasado, luego que la Policía Nacional Civil (PNC) recibiera una denuncia sobre el almacenamiento de más de 200 bolsas solidarias en la sede del partido ARENA en Ilopango.
Testigo sin credibilidad facilita absolver a 16 pandilleros
El 12 de marzo el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador absolvió a 16 hombres investigados por 12 casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, debido a que el único testigo que declaró careció de credibilidad. Según la Fiscalía los procesados pertenecían a una pandilla que operaba en diferentes colonias del municipio de Colón, departamento de La Libertad. Los homicidios fueron cometidos entre el 2013 y 2018.
Al dar su fallo el juez señaló que «el único testigo presentado por la FGR «Horus», había sido mendaz (mentiroso), porque en la mayoría de homicidios había nombrado a los sujetos que supuestamente habían participado en los hechos, pero al verificar la prueba presentada por los procesados se hacía notar que en el momento de los hechos estaban detenidos en diferentes centros penales», señaló el juez.
El 9 de febrero, por falta de pruebas por parte de la FGR, nueve pandilleros fueron absueltos por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel.
Los terroristas estaban siendo acusados de haber asesinado a cuatro personas en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán. Además, por el delito de organizaciones terroristas.
Fuentes judiciales informaron que, a pesar que la Fiscalía tuvo un año para investigar dichos hechos, durante el juicio la única prueba que presentó fue la de un testigo criteriado con clave «Jonas 18», por lo que el juez fundamentó su fallo en que no hay «pruebas periféricas» que confirmen lo dicho por el testigo.
