La edad no es limitante para que adolescentes y jóvenes, que hayan cometido o estén involucrados en algún tipo de delito, sean investigados por las autoridades y de ser hallados culpables sean enviados a internamientos en El Salvador. En los últimos cuatro años, a 841 menores han sido procesados judicialmente.
La Fiscalía General de la República (FGR) registra que 734 hombres y 107 mujeres, entre los 12 y 17 años, son investigados desde enero del 2017 hasta noviembre del 2020 por diferentes delitos. El 90% de ellos tienen una medida de internamiento.
Las denuncias contra jóvenes han ido ascendiendo; en 2017, el Ministerio Público reportó más de 40 investigaciones contra jóvenes, mientras que el 2018 se registraron 84. Para el 2019 las investigaciones de menores tuvieron un alza significativa, ya que los datos se triplicaron con 281 indagaciones. Para el 2020 aumentó a 403 casos.
Al analizar los datos se refleja que, en su mayoría, los jóvenes son investigados por delitos sexuales, como violación y agresión sexual. En los últimos dos años, hay más de 100 menores que enfrentan un proceso por violación agravada o violación en menor e incapaz.
Los datos del Ministerio Público son superiores a las cifras que refleja el Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) que detallan que extorsión y homicidio son los principales delitos que encabezan la lista de ilícitos por los que están internados los adolescentes. Hasta noviembre del 2020, solo 163 menores estaban en Centros de Inserción por violación y agresiones sexuales.
Nexo con pandillas
Autoridades aseguran que cientos de adolescentes detenidos o investigados están relacionados a hechos delictivos o vinculados con pandillas. Al menos cien jóvenes enfrentan un proceso judicial por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, extorsión u homicidio, delitos a los que el Ministerio Público los califica con nexo de pandillas.
En El Salvador, los menores de edad, de 12 a 18 años, pueden ser privados de libertad solo por los delitos de homicidio, extorsión, privación de libertad, secuestro; por delitos relativos a la libertad sexual, que afecten intereses difusos de la sociedad y los cometidos por menores que hayan conciliado la misma clase de delitos dolosos, así se establece en el artículo 59 de la Ley Penal Juvenil.
El internamiento solo puede concurrir por orden judicial y su duración «será por el menor tiempo posible», rige la referida ley. Sin embargo, hay jueces de menores que han impuesto dicha medida hasta por más de 22 años por el grado de participación de los jóvenes en los delitos.
Según estadísticas de la Policía, entre 2014 y 2018, la Policía arrestó a 20,296 menores de edad acusados de haber cometido algún tipo de delito. En 2017 la cantidad de jóvenes detenidos fue 3,417 y en el 2018 se arrestaron a 2,671 menores. Mientras que en 2019 se registran 2,029 capturas y 857 de enero a septiembre del 2020.
Pagando condena
Hasta noviembre de este año, al menos 258, hombres mayores de 18 años en su mayoría, están siendo inculpados de extorsiones y 205 jóvenes, de entre 16 a 18 años, por cometer o participar en homicidios. Por el comercio, posesión, tráfico o tenencia de drogas hay 98 adolescentes cumpliendo la medida de internamiento y 89 más son asociados a grupos pandilleriles, según el ISNA.
Según las estadísticas, la duración promedio de dicha medida ronda, en su mayoría, entre cuatro a seis años de condena, seguido de jóvenes que están menos de un año en internamiento y por último de uno a tres años de condena. Hay al menos cuatro menores de edad que están más de 20 años en resguardo. Aproximadamente 600 adolescentes están entre menos de un año a seis años de internamiento.
