Según el informe, Funes es acusado por orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando al menos $351 millones. Mientras que, Sánchez Cerén es señalado por recibir más de $1.3 millones de fondos públicos mientras fungió como vicepresidente, y por participar en un plan para desviar $183 millones en fondos públicos mientras se desempeñaba como presidente (2014-2019).