El Gobierno de México y ochos armerías estadounidenses se enfrentaron hoy en la primera audiencia virtual en la Corte Federal del Distrito de Boston, Massachusetts, con sus alegatos orales para que el juez F. Dennis Saylor IV tome una decisión respecto a la demanda en la que el Ejecutivo acusa a las empresas por «negligencia y tráfico ilícito» de armas, y decida si continúa el litigio o no.
El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, detalló en conferencia virtual a medios de comunicación que este primer encuentro se desarrolló durante una hora y media en la que la parte demandada se defendió de manera individual y en conjunto desestimando los argumentos presentados por su gobierno.
México recurrió al marco jurídico estadounidense a finales de 2021 y asegura que la violencia armada en su país es generada por el medio millón de armas que al año provienen de Estados Unidos. «Es un estimado conservador» comentó Celorio.
Registros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés) indican que entre el 70 % y 90 % de las armas son traficadas ilícitamente desde Estados Unidos al país vecino.
«Las empresas facilitan la exportación ilegal de sus productos a México, están conscientes de que son distribuidas a criminales y que las utilizan para cometer delitos, pero no hacen nada para remediarlo», aseveró el representante de la Cancillería.
«La violencia no se puede responder con violencia y este litigio demuestra que el gobierno de México tiene capacidad para encontrar otras fórmulas de atender un tema en el que nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas. Eso es histórico», señaló la parte mexicana.
«Trata de identificar a quienes deben rendir cuentas en un caso tan grave como la violencia armada ocasionada por las armas que son traficadas desde los Estados Unidos», agregó.
Por su parte, las armerías se amparan por medio de la La Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) que les da inmunidad en territorio estadounidense y fuera de él.
Celorio se mostró satisfecho por el equipo de abogados que defendió la demanda y espera un fallo favorable de parte del juez para proceder en el caso.
El juez analizará la representación de ambas partes y compartirá su resolución en las «próximas semanas», indicó el consultor sin dar una fecha exacta. De no obtener un fallo favorable, el gobierno mexicano recurrirá a la apelación.