Rebajas en condenas a cambio de confesar delitos, tratos selectivos y medidas alternas a la detención son parte de los beneficios que exfuncionarios acusados de corrupción han recibido de parte del sistema judicial salvadoreño en los últimos años. Sin embargo, hay personas de la sociedad civil que fueron sentenciados hasta con 11 años de cárcel por el robo de un celular o por tenencia ilegal de arma de fuego y sin el ofrecimiento de someterse a un juicio abreviado.
Los casos más emblemáticos son los del expresidente de la república Elías Antonio Saca; el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix; el expresidente de la ANDA, César Funes y en los últimos días Regina Cañas «Tía Bubu», ex esposa del prófugo Mauricio Funes son parte de los beneficiados con rebajas en sus condenas, luego de confesar que cometieron delitos de corrupción y de devolver el dinero mal habido. Andrés Gómez Pineda no corrió con la misma suerte y tras confesar el robo de un celular fue condenado a 5 años de cárcel y el pago de $400.
En el caso del exministro de Justicia y Seguridad y exministro de la Defensa Nacional, General David Victoriano Munguía Payés tiene un proceso pendiente por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, pero el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador solo le decretó medidas alternas a la detención mientras sigue su proceso.
De igual forma, el diputado suplente del FMLN Edwin Armando Grijalva Segundo, sigue un proceso en libertad por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. Pero, Walter Antonio Palacios Aguilar está detenido por el delito de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales en perjuicio de la paz pública.
La abogada Tahnya Pastor lamenta el trato selectivo que se da en algunos casos en los que están implicados altos exfuncionarios, pero cuando son civiles la justicia no dudan o vacilan en dictarles órdenes de detención.
Pastor es de la idea que siempre ha habido un trato selectivo y ejemplifica con Vanda Pignato- ex esposa de Mauricio Funes, implicada en el caso Saqueo Público en el que acusan al expresidente Funes de defraudar al estado con $351 millones. La abogada manifiesta que en esa ocasión la Fiscalía giró orden de captura para todos los implicados y excluyó a Pignato por problemas de salud, explica que el juez ordenó al ministerio público que también debía ordenar capturar a la exprimera dama.
El representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar está consciente que este tipo de negociaciones son vistos por la sociedad como una injusticia, pero aclara que son posibilidades que ofrece el mismo marco legal. Es de la idea que habría que preguntarse, ¿por qué no se aplican este tipo de medidas al resto de imputados? o ¿Por qué no se pide la misma aplicación?
«La fiscalía no lo solicitará o están en contra, los defensores no lo solicitan, habría que ver cada caso en particular porque si puede haber personas que le son aplicables criterios similares y salidas procesales como esa ¿por qué no se les aplica?, opina.
Escobar expone que en cada caso particular los jueces deberían valorar si reúnen las características para ordenar o decretar la detención de estas personas. «Por eso en algunos casos se les ordena la detención y a otras no, porque si se logra comprobar el arraigo de una persona, considera que no va abandonar el país, que no va obstaculizar la investigación, entonces no tiene como fundamentos para ordenar la detención contra esta persona».
PENAS MÁS DURAS PARA CASOS DE CORRUPCIÓN
Pastor y Escobar concuerdan que se debería revisar la legislación y establecer penas más duras contra todos aquellos implicados en casos de corrupción.
«Desde la Asamblea Legislativa viene la protección porque las penas para los corruptos y para los corruptores son muy blandas en relación a las penas de personas de la sociedad civil no hay proporcionalidad. El enojo que debe haber del sistema hacia un funcionario que administra mal la cosa pública y se enriquece ilícitamente debe ser más grande porque tiene a su cargo la cosa pública», apunta Pastor. Agrega que deben incrementar los años de prisión por esos ilícitos y deberían hacerse imprescriptibles.
Para el abogado, se debe revisar si el régimen de detención provisional o de condena de la pena de prisión está bien, tal como está regulado o hay que hacer algunas exclusiones. «¿Para casos de corrupción se debe seguir permitiendo como alternativa el juicio abreviado? Si se le va a aplicar juicio abreviado, pero hay que establecer una regulación que aumente también el monto de la pena, no como está regulado actualmente, sino hacer un ajuste para que sea un monto mayor de tiempo el que se le sancione».
ALGUNOS CASOS RELEVANTES:
-Elías Antonio Saca: 10 años de cárcel
Fue condenado a 10 años de cárcel tras confesar que sustrajo de Casa Presidencial más de $300 millones de dólares por los cuales la Fiscalía lo acusó de peculado y lavado de dinero. Dos delitos que él admitió en el Tribunal Segundo de Sentencia.
-Cinco años presos por robar guaras
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de cárcel a dos vigilantes del Zoológico y a tres hombres más por el robo de cinco guaras. Eran acusados por depredación de fauna protegida y hurto en perjuicio del medio ambiente.
-Regina Cañas o Tía Bubu
Sentenciada por el Juzgado Séptimo de Instrucción a tres años de trabajo comunitario. Ella y Mauricio Funes simularon un préstamo de $95,000, ese dinero fue utilizado por el hijo de ambos, Diego, para la compra de vehículos.
-Ocho años de prisión por robar un celular de $150
Nereyda Yajaira López Pleitez pasará ocho años en prisión por robo agravado. La condenada junto a otro sujeto, utilizando una navaja se paró frente a la víctima y le exigió el celular quien lo entregó por temor.
-Contador lavó $6.1 millones y no fue a cárcel
Esteban Cañas Calderón, confesó que lavó $6.1 millones de fondos de la partida secreta durante el gobierno Saca. Por ello, fue condenado a tres años de trabajo de utilidad pública. Calderón fue contador el expresentador y empresario de televisión Jorge Hernández.
-Cinco años en prisión para exalcaldesas
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 5 años de prisión a las ex alcaldesas de San Sebastían Salitrillo: Blanca Estela Cortés de Lima y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, por apropiación o retención de cuotas laborales.
-Charlaix lavó $17 millones y solo estará preso 10 años
El exsecretario privado de Saca entre los años 2004-2009 confesó ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia que participó en la desviación de más de $17 millones de la cuenta institucional subsidiaria de Casa Presidencial.
-Roba un celular: 5 años preso y debe pagar $400
Andrés Gómez Pineda, de 43 años confesó ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador que robó un celular y $100 a una víctima y el juzgador lo condenó a cinco años de prisión y al pago de $400.
DESIGUALDAD EN MEDIDAS ALTERNAS
-Miembro de ARENA procesado por acoso sexual en libertad
Jaime Ulises Perla Flores tiene un proceso por acosar a la periodista de canal 10, Wendy Hernández, sin embargo, la jueza del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con medidas alternas.
-A la cárcel por acoso sexual
El Juzgado de Paz de El Congo, en Santa Ana, resolvió instrucción formal con detención provisional para Nalvid Edenilson Hernández Serrano, de 49 años por el delito de acoso sexual.
-Munguía Payés: procesado en libertad
El exministro de Justicia y Seguridad y exministro de la Defensa Nacional, General David Munguía Payés es por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, pero enfrenta su proceso con medidas alternas a la detención.
-Douglas Muñoz está preso por andar en vehículo robado
-Fue enviado a prisión mientras seguían las investigaciones tras ser acusado de receptación de vehículos automotores o sus piezas provenientes del hurto o robo en perjuicio de la colectividad.