Los contribuyentes que se encuentran en mora con la tesorería nacional tendrán un plazo de 90 días para acogerse al decreto legislativo que los exonera del pago de intereses, multas y recargos generados por el incumplimiento del pago de tributos con el Ministerio de Hacienda, Aduanas y por las multas de tránsito.
Así lo establece el decreto legislativo autorizado ayer con los votos de 57 diputados, quienes estimaron conveniente aprobar la ley especial transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras y otras multas.
Quienes podrán beneficiarse de este decreto son aquellos contribuyentes que están en proceso de fiscalización por la Unidad de Audiencias y Tasaciones (UAT), Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (Taiia), en sede de la Fiscalía General de la República (FGR) o en sede judicial.
Dania González, diputada de Nuevas Ideas, explicó que el período de vigencia de la medida transitoria iniciará cuando el decreto sea publicado en el «Diario Oficial».
Esta iniciativa busca apoyar a los contribuyentes a través de un plan de pagos de hasta nueve cuotas, con el requisito de cancelar la primera el día que se establezca el acuerdo; con una prima del 10 % del total a pagar y el compromiso del contribuyente de saldar lo restante en ocho cuotas por la misma cantidad, una por mes, de forma consecutiva.
«Este beneficio contribuye en dos vías, la primera de ellas es para mejorar y aumentar la recaudación fiscal, mientras que la segunda es el apoyo que tendrá cada uno de los contribuyentes que hasta hoy no se encuentran solventes con sus declaraciones tributarias», detalló González.
A este decreto también podrán acogerse los empleadores que retuvieron cuotas de renta del pago de salarios a sus empleados y por diversos motivos no hicieron llegar al fisco esos fondos.
Actualmente la ley establece una multa equivalente al 100 % de las cuotas retenidas, pero de acogerse a la amnistía solo deberán cancelar el saldo retenido.
«Parte de la responsabilidad fiscal es facilitar las herramientas, a través de la Asamblea Legislativa, para que todos los salvadoreños recuperen el estatus de solvente», explicó el diputado cian William Soriano.
