La nueva Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad beneficiará a miles de personas que sufren de algún tipo de discapacidad dentro y fuera del país, generando un mayor respaldo para que se les cumplan sus derechos.
El marco normativo que entrará en vigor en 44 días busca brindar una pensión universal, seguridad social y la creación de un fondo para ejecutar proyectos o programas de inclusión en favor de personas con discapacidad.
Los fondos para los proyectos provendrían de la recolección del pago de sanciones pecuniarias impuestas por el Consejo de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (Conaipd), nuevo ente rector que garantizará el correcto cumplimiento de la ley.
El nuevo consejo propone ser independiente en las áreas administrativas y financieras y será el designado de imponer diferentes sanciones que podrían ser desde uno a nueve salarios mínimos del sector comercio y servicios, clasificadas en leves, graves y muy graves.
Algunas faltas que podrían significar una sanción de hasta $2,700 son las siguientes: impedir el abordaje de personas con discapacidad al transporte público, negarles la matrícula en todos los niveles del sistema educativo, negar asistencia médica, aquiescencia por parte del empleador posterior a una denuncia ante acciones degradantes, y, no cumplir con la cuota de contratación en materia de empleo establecida en la presente ley, entre otras.
El nuevo reglamento también detalla en su contenido que las personas beneficiadas podrán tener acceso a créditos, seguros médicos y transporte público accesible. Así como facilitación a educación, derecho a votar y a postularse a un cargo popular de alcaldes o diputados, sin discriminación alguna.
Otros beneficios que establece la normativa es otorgar mayor seguridad social, para que los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) o Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), tengan derecho a inscribir como beneficiarios a sus familiares con discapacidad, hasta con segundo grado de consanguinidad que dependa de la persona.
Además, toda entidad pública o privada estará obligada a emplear a una persona con discapacidad por cada 20 contrataciones y a impulsar proyectos de inclusión que mejoren la calidad de vida de estas personas.
El reglamento anterior denominado «Ley de Equiparación de oportunidades» solo exigía a las empresas que se contratara a una persona con discapacidad por cada 25 empleados, sin establecer ninguna sanción por su incumplimiento.
Las empresas que cumplan con lo estipulado en la normativa podrán obtener algunos incentivos como; mantener máxima prioridad en las licitaciones que realicen las instituciones del Gobierno, aparte de tener derecho a una deducción en el impuesto sobre la Renta.
Siete años engavetada
El próximo 1 de enero de 2021, entrará en vigencia la nueva ley para personas con discapacidad que sustituirá a la obsoleta Ley de equiparación de oportunidades aprobada en el año 2000.
Para Carmen Fabian, representante de la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «la ley de equiparación de oportunidades en su momento pudo ser importante, sin embargo, con el tiempo se fue quedando obsoleta y era necesario impulsar un proceso desde la luz de la convención de los derechos de las personas con discapacidad», explicó durante un podcast de la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad.
La nueva disposición que promete tener una visión más integral contiene 137 artículos que fueron trabajados por la PDDH y la Comisión de la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad de la Asamblea Legislativa, además de otras organizaciones que también velan por el tema.
Heidi Barrios, jefa del departamento de discapacidad de los derechos humanos de la (PDDH) comentó durante el podcast de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con discapacidad, que la construcción de la nueva ley llevó casi siete años, ya que fue hasta la actual legislatura que mostraron el interés debido para aprobarla.
«En 2014 (durante el gobierno de Sánchez Cerén), se presentó a CAPRES y lamentablemente no tuvo el eco que esperábamos y pasó casi un año, esperando a ser revisada y nos dimos por vencidos, por eso se decidió presentarla el 3 de diciembre de 2015, directamente a la Asamblea Legislativa», detalló Barrios.
Según la encuesta de Conaipd, Digestyc y Unicef, en 2015 la población que padece algún tipo de discapacidad era del 6.4% del total de la población, donde las mujeres alcanzan el mayor porcentaje con 54.2%, en tanto los hombres el 45.8%. Todos en su mayoría entre las edades de 25 a 64 años.
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El diputado de Arena, David Reyes, primer parlamentario representante de personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa, dijo que esta nueva ley busca generar un cambio de cultura, de respeto e inclusión entre la sociedad salvadoreña y de la forma como tradicionalmente se ve hacia las personas con discapacidad.
«Hay que reconocer que las personas con discapacidad estábamos hasta cierto punto invisibilizadas y esta ley busca generar un cambio de cultura en la sociedad salvadoreña y eliminar cualquier tipo de estigma y discriminación hacia las personas con discapacidad», enfatizó Reyes.
Elba Chacón, coordinadora del programa de derechos humanos de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, dice sentirse satisfecha con la pronta implementación de la ley, aunque está consiente que este solo es el punto de partida para el correcto cumplimiento de los derechos.
«Hay muchos retos que como país debemos de asumir en materia de derechos humanos. Es la primera ley que nos está dando toda la fuerza para construir una sociedad inclusiva donde la discapacidad no sea un factor de discriminación o de negación de derechos», detalló, Chacón.
« Teníamos toda la disposición de lograr obtener una normativa más acorde al contenido mismo de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y fue así como lo logramos finalmente»
Heidi Barrios, jefa del departamento de discapacidad de la PDDH.
«Es una ley muy ambiciosa porque en primera instancia busca generar un cambio de cultura, de respeto e inclusión entre la sociedad salvadoreña y la forma en como tradicionalmente se ve hacia las personas con discapacidad».
David Reyes, diputado de ARENA.
