El pasado 31 de diciembre, justo a las 12 de la noche, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que, como un avance sustantivo de su proyecto estrella, denominado Paz Total, decretaba un cese al fuego bilateral entre las fuerzas del Estado y los tres principales contingentes armados fuera de la ley.
Así comenzaría a cobrar realidad el proceso de diálogo y negociación con las guerrillas de las FARC y del ELN, con los paramilitares de ultraderecha agrupados en el Clan del Golfo y con los carteles del narcotráfico que, a cambio de concesiones judiciales, económicas y políticas, aceptaban cesar sus actividades ilegales y reincorporarse a la sociedad. Casi tres meses después, la noche del pasado domingo 18 de marzo, un grupo de sicarios a bordo de motocicletas abrió fuego a mansalva contra una concentración de vecinos que organizó una fiesta bailable en las calles de un barrio popular de Barranquilla: cinco muertos y 17 heridos.
Esa fue la masacre número 24 en lo que va del presente año. Además, en ese mismo período, según cifras oficiales, hubo un incremento significativo en extorsiones, secuestros y narcotráfico, al punto de que el Clan del Golfo realizó un paro armado durante 15 días en las regiones de Antioquia, el Cauca y el Chocó. Durante ese paro tuvo lugar el secuestro de 79 policías, dos de los cuales fueron asesinados.
¿Por qué se detonó esa orgía de violencia? Sencillamente porque Petro maniató a su fuerza militar y policías al ordenar su acuartelamiento y prohibir sus operaciones contra los criminales; es decir que el cese el fuego no fue bilateral, sino unilateral: los criminales sí continuaron operando. El error cometido por Petro, impugnado por la Fiscalía General, es muy grave, pero es elemental: guerrillas, paramilitares y narcotraficantes no son tres estructuras criminales distintas y diferenciadas, dado que si bien están en guerra entre ellas y contra la sociedad y el Gobierno, las unifica un factor común: el meganegocio de la droga.
Efectivamente, la guerra es por apropiarse de las mejores zonas de cultivo de la hoja de coca, los territorios para instalar los laboratorios donde la transforman en pasta base y la cristalizan y, finalmente, el control de los corredores logísticos para su exportación. En pocas palabras, lo que está en juego es la casi inimaginable cantidad de dinero que producen alrededor de 1,600 toneladas de cocaína cada año.
Esta es la síntesis que cualquiera puede verificar: el Clan del Golfo nació como una guerrilla revolucionaria que luego degeneró en un contingente paramilitar, y hoy es una simple y pura estructura narcotraficante. Y exactamente lo mismo son las guerrillas de las FARC y del ELN. Todo pacto con esos criminales está condenado al fracaso total.
