Desde los Acuerdos de Paz en El Salvador, ha ido creciendo el fenómeno de las pandillas, pese a la creación de la Policía Nacional Civil en 1992, que está facultada para resguardar la seguridad pública en El Salvador. El fenómeno pandilleril no ha podido ser cortado de raíz, a 29 años de la existencia de la corporación policial se sigue luchando con el alto costo de la criminalidad. Gobiernos anteriores diseñaron malas políticas criminales, abandonaron la institución de la Policía Nacional Civil y le negaron las herramientas necesarias para el combate del crimen, en todos sus tipos penales.
Hace 12 años, teníamos 30,000 efectivos policiales que lidiaban contra unos 85,000 pandilleros en El Salvador. A estos días, las cifras han crecido considerablemente tanto que los gobiernos anteriores prefirieron pactar treguas con los pandilleros para, según ellos, disminuir los homicidios, treguas que al final lo que han hecho es contribuir al fortalecimiento de las pandillas y perfeccionar su «modus operandi», generando impunidad y mayor movimiento en los territorios, con los homicidios, las extorsiones, la narcoactividad y otros delitos. El problema es delicado y complejo y necesita una política criminal acertada.
El Plan Control Territorial, obstaculizado por la gestión legislativa pasada y apoyado por la actual, ha dado buenos resultados. Sin duda, la presencia de militares en las calles que trabajan de la mano con la Policía Nacional Civil es una buena decisión, pero es de hacer notar que también existe una lucha de poderes, constante, en la que se ven involucrados la oposición política y sus poderes fácticos, que intentan desestabilizar al Gobierno de Nayib Bukele, la cual tiene antecedentes de negociaciones con las pandillas; caso Funes, que abiertamente lo reconoció cuando era presidente; el excandidato a la presidencia Norman Quijano es otro ejemplo; de hecho está siendo procesado en la comisión de antejuicio en la Asamblea Legislativa.
La efectividad de los despliegues militares y de policías es una excelente estrategia, que se aplicó en el reciente repunte de homicidios de la semana pasada. Los salvadoreños prefieren ver un soldado en cada esquina que a un pandillero. El artículo 168, ordinal duodécimo de la Constitución salvadoreña atribuye al presidente de la república disponer de la Fuerza Armada para mantener la soberanía del territorio y la integridad del Estado. Debemos tener claro que si dejamos que la criminalidad siga creciendo, la integridad y la soberanía de nuestro país corren peligro.
Los costos económicos que estos despliegues militares y policiales generan son grandes, pero necesarios, por lo que deben ser permanentes e indefinidos hasta que se elimine por completo el actuar delictivo no solo de las pandillas, sino también de la delincuencia común y del crimen organizado.
¿Qué pasa con los personajes oscuros que se benefician de la violencia en El Salvador? Las negociaciones ilícitas con organizaciones delictivas y la utilización de medios electrónicos para fomentar el caos social o para generar una histeria colectiva son herramientas que la oposición política está usando como estrategia para desgastar al Gobierno. De modo que es importante la investigación en todos los niveles.