Desde la llegada de Nayib Bukele como presidente de la república, El Salvador ha experimentado una serie de transformaciones en beneficio de los ciudadanos. Se superó el esquema corrupto de gobernabilidad que implementaron ARENA-FMLN, basado en la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa a través de dinero extraído del presupuesto (los vergonzosamente famosos «maletines negros») para impulsar las agendas de los financistas de esta alianza perversa.
El discurso público de declararse «enemigos» se cae cual castillo de naipes cuando ARENA y el FMLN coinciden abiertamente en sus planes contra el Gobierno del presidente Bukele. Esa alianza que garantizó la impunidad de unos y otros mientras se declaraban adversarios en las contiendas electorales no hacía más que mover el sistema político a base de la polarización entre ideologías contrarias, aunque las cúpulas, bajo de agua, estaban de acuerdo y trabajando en conjunto.
Las banderas de ambos partidos políticos están desgastadas por sus malas decisiones y por haber gobernado en contra de los intereses populares, pero las cúpulas no están dispuestas a renunciar a pelear por recuperar el poder que manejaron de forma total en la estructura del Estado. Por eso ahora buscan la forma de comunicar a lo que queda de sus bases que lo ideal es llevar «un candidato único» de la oposición, pero que no debe estar «manchado» por la simbología de ARENA o del FMLN.
Este domingo, la dirigente del FMLN Lorena Peña dijo que el candidato de su partido debe «trabajar por un frente amplio, una gran unidad nacional», y días atrás el presidente de ARENA, Carlos Saade, dijo que una de las opciones que están contemplando es que la bandera de su partido no aparezca en la papeleta, debido al desgaste que acarrea.
Ya sin caretas, ARENA-FMLN demuestran que consideran al presidente Bukele como su verdadero adversario. Y esto es porque fue el presidente Bukele el que eliminó el poder que las pandillas habían cosechado con estos dos partidos, al combatirlas directamente y enviar a prisión a más de 68,000 integrantes y colaboradores de esas estructuras criminales.
Por eso la negativa de ambos contra el régimen de excepción, protestando, incluso el 1.º de mayo, contra una medida apoyada masivamente por la población, ya que ha traído paz y tranquilidad a los barrios y colonias. Nuevamente ponen primero sus intereses político-electorales antes que el bienestar de la ciudadanía. Y por eso el pueblo no piensa dar vuelta atrás.
