Los compatriotas residentes en el exterior, conocidos como «diáspora», han soñado y demandado desde hace varios años que las autoridades salvadoreñas les garantizaran ejercer su derecho a elegir a los gobernantes del país. Por diversos motivos e intereses por décadas los gobiernos de turno no se preocuparon por este tema, aunque era una promesa de campaña. Hasta que el Ejecutivo y el Legislativo pudieron trabajar juntos gracias a la correlación otorgada por los mismos votantes.
El derecho de la diáspora a votar se estuvo cumpliendo a cuentagotas. La primera experiencia por reivindicar esa aspiración fue en los comicios presidenciales de 2009; sin embargo, el mecanismo representaba serios obstáculos, pues requería que el interesado viajara a El Salvador para ir a las urnas de forma presencial.
Ese año, luego de que la Asamblea Legislativa decretó una ley transitoria para permitir el voto de la diáspora, en el estadio Jorge «Mágico» González se esperaba a los compatriotas que debían tener vigente su Documento Único de Identidad (DUI) para luego viajar a suelo salvadoreño donde una urna especial aguardaba por ellos. Para entonces, los salvadoreños con DUI vigente, según el padrón del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eran 39,463; sin embargo, solo 294 compatriotas dejaron su país de residencia y llegaron a El Salvador para participar en la contienda electoral. Esta fue la primera experiencia de la modalidad del «voto desde el exterior», rememora la entidad.
Esto impulsó a la diáspora para comenzar un intenso cabildeo en el interior de la Asamblea en busca de una legislación que le facilitara el voto desde su lugar de residencia.
Tras varias reuniones de los compatriotas con los diputados se logró que en 2013 la Asamblea aprobara una legislación que permite el voto desde el exterior, aplicable para los comicios presidenciales de 2014.
Dicha ley regula los requisitos para votar desde el extranjero: tener DUI vigente con dirección en el extranjero y empadronarse. La normativa definió la vía postal como el mecanismo a utilizar, es decir, el TSE envió al elector las papeletas por correo.
Esto generó un costo económico de $312 por voto y algunos inconvenientes por el desconocimiento de los sistemas de distribución masiva de correspondencia en el extranjero.
Para esa elección se empadronaron 10,337 compatriotas, de 142,418 que tenía en ese entonces el registro en el extranjero. Esta elección se definió en un balotaje. En la primera vuelta votaron 2,727 salvadoreños en el exterior y en la segunda ronda lo hicieron 2,706.
Llegó la jornada presidencial de 2019. También fue por vía postal. El derecho al sufragio estaba acompañado de una serie de acciones emprendidas previamente por los compatriotas: 180 días antes del evento electoral debía mostrar su interés de participar. Para ello llenaron un formulario, luego eran incorporados a un padrón que se cerró 60 días antes de la elección.
Una vez cumplidos estos dos requisitos, la diáspora, previo al día D, recibió por correspondencia un sobre con las papeletas de votación, las cuales debían retornar a El Salvador con el tiempo suficiente para que llegaran antes de la fecha de los comicios.
En 2019, el registro electoral de salvadoreños en el extranjero fue de 350,638; se empadronaron 5,948 compatriotas, de los que votaron 3,808. El costo por voto fue de $204.72.
Pero en 2024 las elecciones generales marcarán un antes y un después para la diáspora, que cuenta con nueva legislación para ejercer su derecho político y no solo para elegir presidente, sino también alcaldes y diputados. Además se puede postular a cargos de elección popular, algo que le vetaron anteriores legislaturas.
Esta ley fue impulsada por la bancada de Nuevas Ideas y su texto recoge jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sobre los derechos políticos de los salvadoreños en el exterior.