El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reaccionó ayer a través de su cuenta de Twitter, a los señalamientos de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que abogan por los derechos de los miembros de estructuras criminales capturaros a través de las medidas de combate contra las pandillas que se han implementado en El Salvador.
«Los mismos que nos piden que respetemos los derechos humanos son: Los que tienen pena de muerte, los que ejecutan con silla eléctrica, los que tienen cárceles ilegales, los que separan niños migrantes de sus padres, los que promueven el aborto», escribió el legislador.
Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte de Estados Unidos (DPIC por sus siglas en inglés), desde 1973 hasta marzo de 2021, en EE. UU. se ejecutaron a 1,534 personas y hasta diciembre de 2020, el número de apresados que permanecían en el corredor de la muerte ascendía a 2,591.
De acuerdo con informes del DPIC, en el sistema legal estadounidense aproximadamente el 2% de los asesinos identificados reciben una sentencia de muerte y la justicia de EE. UU. exige que los acusados de cometer homicidios reciban penas «peores que otros crímenes y que estas personas tengan récords criminales más graves que otros acusados».
Del mismo modo, un informe sobre las arbitrariedades en la aplicación de la pena de muerte en EE. UU. que efectuó el DPIC, revela que la ley federal de ese país no se aplica uniformemente, sino que se toman las decisiones basadas en estereotipos.
«Las sentencias de muerte no sólo están basadas en la gravedad del crimen o la culpabilidad del delincuente: la geografía, raza, el género, y el acceso a representación legal adecuada también parecen tener un efecto», dicta el documento.
Por otra parte, en El Salvador, los más de 9,000 miembros de estructuras criminales capturados desde la aplicación del régimen de excepción por cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, no enfrentan penas como las se imponen en Estados Unidos.
Con las medidas para combatir a las pandillas en el país, los líderes de esos grupos terroristas enfrentan penas de 40 a 45 años de prisión, en lugar de penas máximas de 14 años como estaba establecido antes; asimismo, los miembros las agrupaciones criminales ahora son sancionados con 20 a 30 años de cárcel, en lugar de 3 a 5 años.
A través de estas medidas, el Gobierno salvadoreño busca devolver la seguridad a los ciudadanos que durante largas décadas se han visto amedrentados de diversas maneras por las estructuras criminales.
