El 92.2 % (nueve de cada 10) ciudadanos salvadoreños aprueban que el presidente Nayib Bukele haga uso de la medida constitucional del régimen de excepción para combatir a las pandillas, según la última encuesta del Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica (CIESCA).
Según los datos proyectados ayer en ese estudio, solo el 5.3 % de la población manifiesta estar en contra, mientras que el 2.49 % no dio su opinión sobre la medida legal, que está vigente en el país desde el 27 de marzo del año pasado. Hasta la fecha ha sido prorrogada 14 veces por la Asamblea Legislativa, con los votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
En cambio, el bloque de oposición política (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) no ha votado a favor de esta medida y tampoco por las prórrogas, aduciendo presunta violación a los derechos humanos.
El año pasado, incluso, la bancada del FMLN presentó una iniciativa de ley para derogar el estado de excepción, la cual fue discutida en la comisión política de la Asamblea, pero no tuvo los votos suficientes y fue enviada al archivo.
Siendo oposición, el partido de izquierda se queja de la implementación de dicha medida constitucional, sin embargo, el Gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén evaluó aplicarla para combatir a las pandillas.
Algo parecido ocurrió con ARENA, cuando su candidato presidencial Norman Quijano dijo que esa herramienta legal podía ser retomada en su eventual Gobierno para combatir a los grupos delincuenciales.
Además de los partidos políticos, diversas organizaciones -nacionales e internacionales- que se hacen llamar defensoras de derechos humanos han pedido que el Gobierno suspenda el régimen de excepción, a pesar de los resultados contundentes en la seguridad pública.
A la fecha, según el Gabinete de Seguridad Pública, con esa medida han sido capturados 68,579 pandilleros que anteriormente delinquían contra la población honrada. De esa cantidad, 4,000 ya están presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado en febrero pasado en Tecoluca, San Vicente.
En El Salvador la oposición ataca el estado de excepción, pero en países como Ecuador y Honduras ha sido implementado por sus autoridades para el combate de las pandillas y el crimen organizado, incluído el tráfico de drogas.
