«En El Salvador se necesita una política que respalde a las mujeres rurales, indígenas y campesinas, que durante largas décadas han sido invisibilizadas, esta es una deuda histórica que tiene el país», afirma Miriam Bandes, jefa de oficina de ONU Mujeres en El Salvador.
Hace cuatro años (2018), ONU Mujeres buscó que en el país se aprobara la Política Pública de las Mujeres Indígenas, Rurales y Campesinas (PMRIC), una iniciativa que busca promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de ese sector poblacional, para empoderarlo y garantizar su óptimo desarrollo.
Sin embargo, esta propuesta no se logró concretizar en su totalidad en los gobiernos anteriores.
Bandes explica que, en la actualidad la iniciativa se encuentra nuevamente en el Ejecutivo y que ya ha sido revisada por la nueva gestión, en la cual asegura que tiene la «esperanza» de que pueda ser aprobada y puesta en marcha en el plan de acción del Gobierno.
«Se nota el compromiso del Gobierno, se nota el compromiso de la Asamblea en los temas referentes a las mujeres, ahora es cuando se necesita más», dijo la representante de ONU Mujeres en El Salvador.
Asimismo, Bandes explica que para la creación de la PMRIC de ONU Mujeres se contó con una fase de consulta con diferentes grupos como: expertas independientes, agencias multilaterales, representantes de organizaciones de mujeres rurales, organizaciones de mujeres indígenas y un grupo de impulsor de la política que estuvo integrado por representantes del Gobierno y de la sociedad civil.
«El proceso de creación de esta política fue muy participativo. Contratamos a una consultora para que acompañara el proceso y para hacerlo lo más eséptico posible se hicieron consultas y de ellas nació esta política, la cual ya está en Casa Presidencial, donde ha tenido el visto bueno y solo está esperando la aprobación», explicó Bandes.
De acuerdo con la representante de ONU Mujeres, los principios bajo los cuales se elaboró la nueva política son la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la participación, a través de los cuales se busca garantizar un entorno digno para las mujeres rurales, indígenas y campesinas del país al abrirles más oportunidades en la sociedad para que se desarrollen libremente.
«El principio fundamental de esta política es no dejar a nadie atrás. Esta iniciativa permite visibilizar a todas las mujeres indígenas y rurales y las reconoce como actores reales que sí aportan en nuestra sociedad. Además, que tengan los derechos que las han dejado atrás. La población indígena es bastante alta y en el último censo que se hizo en 2007 no se tomó en cuenta a todo el sector, sino solamente a un 13 %», señaló Bandes.
Del mismo modo, la PMRIC establece que el sector de mujeres rurales e indígenas goce de sus derechos fundamentales, sobre todo del respeto a su identidad cultural, etnias, clase social y a no ser excluidas bajo ningún motivo por su origen o ubicación territorial.
Bandes detalló que de aprobarse esta política se conformará un grupo impulsor y un grupo rector de la PMRIC, y en este último participarán Instituciones del Gobierno como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Local.
Agregó que la política para mujeres rurales, indígenas y campesinas pretende diseñar y desarrollar un plan de acción a corto y mediano plazo que promueva la protección de los derechos humanos de estos segmentos poblacionales. Además, dotará a las instituciones gubernamentales de las capacidades y los ejes estratégicos para implementarla integralmente.
