La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de amparo promovida por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en contra del fallo de la anterior Sala de lo Penal que declaró nulidad absoluta en el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, cometida por miembros del Ejército en noviembre de 1989, en plena ofensiva guerrillera.
El 8 de septiembre del año pasado, los entonces miembros de la Sala de lo Penal beneficiaron de este modo al que era comandante general de la Fuerza Armada de la época, el expresidente Alfredo Cristiani, de ARENA, y al Alto Mando, conformado por René Emilio Ponce (fallecido), Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo e Inocente Orlando Montano.
Montano ha sido el único que ha recibido una condena de cárcel. Y no ha sido en El Salvador, sino en España, país al que fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar la acusación hecha por la Audiencia Nacional de España por el asesinato con grado de «terrorismo» contra cinco de las víctimas, que tenían nacionalidad española. Montano fue condenado en Madrid apenas tres días después de que la Sala de lo Penal de la vieja CSJ declaró la nulidad absoluta.
¿Cómo es posible, entonces, que el caso se haya cerrado en El Salvador? La única explicación es la justicia selectiva que predominó en los gobiernos de ARENA-FMLN y los lineamientos políticos de las sentencias. La Audiencia Nacional de España impuso 130 años de cárcel a Montano, pero dejó en claro que no es el único responsable, sino el único llevado ante la justicia. Y todavía falta que enfrente un juicio por el asesinato de tres personas más: un sacerdote salvadoreño y dos colaboradoras.
La Sala de lo Constitucional ha establecido en su fallo de admisión de la demanda que la anterior Sala de lo Penal lesionó los derechos a tener una resolución de fondo motivada y congruente, a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional. Para la Audiencia Nacional de España, la masacre de la UCA califica como terrorismo de Estado.
La resolución de la Sala de lo Constitucional, entonces, abre una oportunidad para llevar ante la justicia a los autores de este horrendo crimen, con jueces libres de las ataduras que grupos políticos les impusieron en el pasado.