Las fuerzas políticas de oposición en la Asamblea Legislativa continúan sin respaldar la continuidad del régimen de excepción como una herramienta jurídica para enfrentar a las pandillas en todo el país, pese a que su implementación está respaldada por la Constitución y está contribuyendo a generar más seguridad.
La Carta Magna, en el artículo 29, plantea la medida, determinando además que procederá a implementarse cuando, entre otras causas, en el territorio nacional existan «graves perturbaciones del orden público».
El Salvador implementa el estado de excepción desde el 27 de marzo pasado, tras la aprobación con el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados del parlamento, luego de una ola de asesinatos cometidos por las pandillas en 12 de los 14 departamentos del país.
La Asamblea Legislativa viene prorrogando esta herramienta constitucional para continuar capturando a pandilleros y sus colaboradores en diversos puntos del país, pero sin tener el respaldo de los diputados de las bancadas de oposición.
ARENA no votó el pasado martes por la nueva prórroga del estado de excepción, pese a que en 2014 su candidato presidencial, Norman Quijano, propuso en el marco de la campaña electoral implementarlo para hacerle frente al crimen.
El jefe de bancada tricolor en el congreso, René Portillo Cuadra, ya había adelantado por la mañana que sus 10 diputados no respaldarían el alargue, pues ya no existían las causas que motivaron la medida y, por lo tanto, no se podía «continuar restringiendo» la movilidad de la población.
Portillo Cuadra fue el compañero de fórmula de Quijano, y cuando este propuso esa herramienta jurídica constitucional para enfrentar la criminalidad, lo acompañaba en el acto proselitista. Pero ahora la rechaza.
Por otro lado, los cuatro diputados del FMLN, que raras veces votan unánime, esta vez se unieron para rechazar la medida. Marleni Funes y Jaime Guevara, jefe de bancada, fijaron una postura de rechazo a la solicitud del Ejecutivo, pero respaldaron un proyecto de ley que plantea otorgar indemnizaciones económicas a los familiares de detenidos bajo el régimen de excepción.
El FMLN ahora tiene una visión contraria a la que sostenía en 2016, cuando Salvador Sánchez Cerén, ahora prófugo de la justicia y ciudadano nicaragüense, también evaluó aplicar el régimen de excepción luego de la matanza, en marzo de ese año, de 11 trabajadores en la zona rural de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Los partidos VAMOS y Nuestro Tiempo, con sus diputadas Claudia Ortiz y Linda Hernández respectivamente, también votaron en contra de la continuidad del estado de excepción.
El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró a los opositores que el grupo cian continuará apoyando las prórrogas, y agregó que «la verdadera lista son los 30,000 pandilleros por capturar y los corruptos» de las administraciones areneras y efemelenistas.
Caleb Navarro, subjefe de la bancada cian, dijo ayer en la entrevista Frente a Frente que la prolongación del régimen de excepción jurídicamente es válida y que la van a extender «el tiempo que sea necesario».