La oposición política salvadoreña representada en los partidos tradicionales ARENA y FMLN sigue oponiéndose a que la diáspora salvadoreña ejerza su derecho al sufragio, derecho avalado en la Constitución que la actual legislatura, con mayoría del partido Nuevas Ideas, garantizó aprobando la normativa respectiva.
El jefe de fracción legislativa arenera, René Portillo Cuadra, señaló recientemente que el voto de la diáspora no tiene trascendencia en algún resultado electoral, por lo que trabajar a favor de ello no tiene ningún rédito.
«En ningún país del mundo, incluyendo México, cuya diáspora es sumamente elevada, el voto de la diáspora determina una elección, ni presidencial, ni legislativa ni municipal. En ninguna parte del mundo es así», aseveró en el espacio de entrevista Frente a Frente.
La posición de Portillo Cuadra coincide con la negativa que ha tenido su partido ARENA para garantizar que alrededor de 3.8 millones de salvadoreños alrededor del mundo participen en los procesos electorales en el país.

En el FMLN la postura es la misma, al intentar minimizar e invisibilizar la trascendencia electoral que tendría la diáspora salvadoreña.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de Resistencia Ciudadana Eugenio Chicas afirmó ayer que la diáspora ya no tiene conexión con la realidad que vive El Salvador.
«El problema es que, en los casos de los migrantes, cuando salen viven una nueva realidad y no están vibrando con los temas de país, como se podría creer», aseguró el efemelenista en el mismo espacio de entrevista.
Su argumento fue más allá y llegó a afirmar que garantizar que la diáspora vote es «un desperdicio», por la poca cantidad de votantes que podrían participar.
«Es una inversión necesaria en nuestros migrantes, sí lo es, pero pudo ser con menos recursos, porque se están desperdiciando otros temas», arremetió.
La legislatura 2018-2021, dominada por ARENA y el FMLN, promovió una normativa que no garantizaba el voto desde los países de residencia, obligando a los connacionales a mostrar arraigo en El Salvador para poder votar, cuando por mandato constitucional todo salvadoreño tiene derecho a ejercer el sufragio y a postularse a los diferentes cargos de elección popular.